“Yo estuve ahí porque quise”. Esa fue la frase que se le escuchó decir a I.V. (18), la víctima de un caso que despertó la inquietud de los investigadores, que la buscaron por más de un mes entre julio y septiembre de 2021 y que lograron descubrir que había sido entregada a una red de trata con fines de explotación sexual.
Si bien ahora acaba de cumplir la mayoría de edad, la joven padeció los hechos cuando tenía 15 años, por lo cual su identidad permanece en reserva. Fue Primer Plano Online el primer medio que difundió su búsqueda, y su hallazgo posterior permitió descubrir el delito al que había sido sometida. Ahora, luego de un extenso juicio, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de San Martín dictó veredicto en un caso que tuvo en vilo al país.
Para la justicia quedó probado que entre los meses de mayo y julio de 2021, la imputada Johana Natalia Romero, quien era reconocida por la víctima como su “tía del corazón” captó a la menor I.V. con fines de “explotación sexual mediante regalos, entrega de dinero en efectivo, ropa, comida, conociendo la edad y la especial situación de vulnerabilidad de la niña”.
Después, a partir de la situación de “familia disfuncional” en que se criaba a adolescente, la sacó de su vivienda de José C. Paz para que “ejerza la prostitución” y la entregó a una red de proxenetas que paraba en Liniers. Incluso la imputada Romero le tomó fotografías a I.V. “desnuda y en ropa interior, con claro contenido sexual” para luego publicar dichas imágenes en distintos sitios web de oferta de servicios sexuales.
El juicio y las condenas del caso I.V.
Para la justicia, Johana Romero entregó la menor a cuatro sujetos con los que mantuvo relaciones sexuales: Harry Wilber Liñan Ruiz (peruano), Arturo Rivera Barrena (peruano), Andrés Gustavo Reinoso Vergara y Fernando Adolfo Sánchez Rojas (peruano). Según la imputación, los cuatro abusaron de I.V. “en un lugar que hasta el momento no se ha podido establecer, presumiblemente en la localidad de Moreno”.
Además de esos cuatro sujetos y la mencionada Romero, también estuvieron sentados en el banquillo Alfredo Canaviri Choque (boliviano) y Walter Oscar Berzoni (argentino), quienes según la acusación fueron quienes redujeron a la servidumbre a la nena. Sin embargo, de todos, el único condenado bajo esa figura fue Canaviri Choque y a dos años de prisión en suspenso por ser autor del delito de aprovechamiento económico del trabajo de una niña.
En el caso de Johana Romero, la justicia le impuso la pena de 10 años de prisión como coautora de trata de personas -en sus modalidades de captación, acogimiento y ofrecimiento-, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima, por su minoría de edad y por la consumación de la explotación sexual, e instigadora del delito de falso testimonio. Es que, tal como comenzó este artículo, I.V. declaró que ella se sometió a todas esas vejaciones por “decisión propia”.
El otro condenado en el caso fue Harry Liñan Ruiz por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de trata de personas -en su modalidad de ofrecimiento-, agravado por la situación de vulnerabilidad de la víctima, por su minoría de edad y por la consumación de la explotación sexual. El resto de los imputados fue absuelto.
Reparación a la víctima
En el veredicto, la justicia dispuso una reparación integral de la víctima por la suma de 19 millones de pesos a pagar por quienes resultaron condenados en la causa. Asimismo, que el Estado indemnice a la joven con otro millón de pesos también pagaderos por Johana Romero, Harry Liñan Ruiz y Alfredo Canaviri Choque a raíz del “aprovechamiento económico” que hicieron del trabajo de la niña.
En conversación con Primer Plano Online, el abogado Yamil Castro Bianchi, quien representó legalmente a la mamá de I.V. hasta que la menor cumplió la mayoría de edad, lamentó haber quedado afuera del proceso judicial en la etapa final, antes del debate oral y público. “Estoy contento por el resultado, pero lamento que la justicia no esté preparado para tener un vínculo sano con las víctimas”, se quejó.
En tanto Carolina Abregú, de la organización Furia Transfeminista, se vanaglorió del trabajo de ese colectivo, que puso en la esfera pública la situación que estaba atravesando la menor (por entonces) y siempre habló de trata de personas. “Fue un juicio muy difícil y haber logrado condena no es poca cosa. Pero es importante que estos casos se hagan visibles para terminar con la explotación de las pibas en los barrios”, cerró.
