Durísimo pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. En medio de la pandemia de coronavirus y de la emergencia económica y sanitaria, salió a reclamar no sólo una recomposición salarial para el sector sino que insistió con la autarquía de ese poder del Estado para que pueda contar con sus propios recursos y manejarlos según criterio propio.
A través de la Resolución SC Nº 1003/20, los supremos detallaron que “la erosión del poder adquisitivo de las remuneraciones judiciales frente a la inflación, desde el año 2018, arroja una diferencia cercana al 49%, tratándose de un problema estructural puesto de manifiesto en diversas resoluciones institucionales”, comunicaron en la acordada. Según pudo saber Primer Plano Online, el texto que dio a conocer el máximo tribunal causó sorpresa en la política, no por lo novedoso del reclamo sino por estar fuera de contexto, pandemia mediante.
Al respecto, la Suprema Corte consideró “impostergable la necesidad de sancionar reformas normativas que superen el cuadro de situación existente consagrando un régimen de autarquía y el manejo independiente de las retribuciones y la política salarial”. Entre tanto –se agregó en la resolución- “debe concretarse una progresiva recomposición salarial para el Poder Judicial, que en forma sostenible, gradual y paulatina acote la significativa brecha señalada y que preserve, para el año en curso, el poder adquisitivo de las remuneraciones”.
https://www.primerplanoonline.com.ar/wp-content/uploads/2020/09/Res.-1003-20-1.pdf
El reclamo por la autarquía no es nuevo. Se viene expresando desde los gobiernos de Daniel Scioli (2007-2015). El manejo de la caja del Poder Judicial es también un reclamo que viene de hace años y que el Poder Ejecutivo de las distintas gestiones sigue rechazando. Un detalle significativo: Julio Conte Grand no firmó la resolución.
El procurador general de la provincia ya se ganó el mote de ‘equilibrista’, que no pocos hombres y mujeres de la justicia le asignaron al jefe de los fiscales parece ponerlo a prueba por estos días más que nunca con la administración Kicillof. Ayer, sin ir más lejos, se mostró con el ministro de Seguridad, Sergio Berni, para exponer las estadísticas de delitos.
En el texto, si bien los jueces del máximo tribunal afirman ser “conscientes del esfuerzo de la sociedad ante la pandemia”, también señalaron que dispusieron “medidas de austeridad, limitando gastos no indispensables y autorizando solo los destinados a los bienes y servicios esenciales y aquellos orientados a requerimientos en los fueros Penal y de Familia”.
Además, añadieron que “junto a la comprometida actitud de quienes imparten justicia y quienes los asisten, se implementaron acciones de organización interna e innovaciones tecnológicas para garantizar la tutela de derechos, tal como se expuso públicamente en los informes de gestión sobre el servicio de justicia en el contexto de la pandemia”.
En ese marco, plantearon que “la Administración de Justicia exige para su normal funcionamiento la asignación de recursos económicos suficientes, no solo para atender las necesidades de infraestructura y renovación tecnológica, sino para cumplir con una remuneración apropiada de su personal”.
