Los cinco sindicatos que nuclean a trabajadores de la educación y que conforman el Frente Gremial Docente aceptaron la última oferta salarial presentada por el Gobierno provincial, que incrementa un 20% los sueldos desde febrero, remuneración a percibir en los primeros días de marzo venidero.
En asambleas y ante la descripción de la propuesta salarial, las bases votaron “por amplia mayoría” de manera favorable la oferta. El acuerdo implica un 20% de promedio general de aumento sobre base de cálculo diciembre 2023, que rige a partir del 1° de febrero del 2024, cifra que alcanza a los docentes jubilados.
“El Frente de Unidad Docente Bonaerense, notificamos a la comunidad educativa que luego de las reuniones, asambleas y congresos de los diversos órganos definitorios de las organizaciones gremiales que integran nuestro Frente, hemos aceptado la propuesta salarial presentada por el gobierno provincial”, comunicaron desde las organizaciones sindicales.
Asimismo, informaron que “en pos de mantener el poder adquisitivo del salario docente frente a la constante inflación que enfrentamos, hemos acordado un nuevo encuentro para el próximo mes de marzo”. En rigor, la mesa paritaria continúa abierta con todos los gremios y se descarta que habrá discusiones mensuales para intentar acompañar el ritmo del aumento sostenido de precios.
PARO A NIVEL NACIONAL
Cuatro gremios docentes que integran la Confederación General del Trabajo (CGT) anunciaron ayer martes que harán un paro en el inicio del ciclo lectivo, previsto para el 1 de marzo. Se trata de la Unión Docentes Argentinos (UDA), de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) y de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA).
El reclamo que sostienen es porque el Gobierno Nacional no los convocó a negociaciones paritarias, cosa que la administración de Javier Milei ya descartó hacer, y se dio horas después de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, informara en su conferencia habitual que el Ejecutivo evalúa las alternativas para declarar a la Educación como servicio esencial, lo que conllevaría un impacto en las formas de protesta sindicales, que deberían garantizar un 75% de funciones activas durante un paro.
