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sábado, febrero 8, 2025
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Declararon culpables a policías por torturas y abusos sexuales a detenidas en la comisaría de La Tablada

Luego de una larga audiencia de alegatos que comenzó el viernes, en la madrugada del sábado un jurado popular decidió, por mayoría, declarar culpables de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual a 11 de los 15 policías bonaerenses –varones y mujeres- que llegaron acusados al juicio en su contra.

Los hechos en debate ocurrieron entre 2019 y 2020 en la comisaría 3ra. de La Tablada. La decisión del jurado puso en valor el testimonio de las mujeres y mujeres trans que denunciaron los hechos y declararon durante el debate. La sentencia se conocerá luego de la audiencia de cesura, que se realizará el próximo 10 de mayo ante el Juez Gerardo Gayol, del Tribunal Oral Criminal Nº 4 de La Matanza, donde se requerirán las penas. Después el magistrado dará a conocer el monto individual que deberán purgar en prisión.

La Comisión Provincial por la Memoria, en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, patrocinó a 17 de las 28 víctimas, interviniendo además como particular damnificado institucional.

Por unanimidad (12 votos) o por mayoría de 10 y 11 votos –según los casos-, un jurado popular integrado por doce vecinos y vecinas de La Matanza consideró culpable de los delitos de severidades, vejaciones y abuso sexual a 11 policías bonaerenses. Otros cuatro funcionarios que llegaron a juicio fueron declarados no culpables. El veredicto se conoció luego de una semana de audiencias que se realizaron en el SUM de la Unión Industrial de La Matanza.

Los hechos denunciados ocurrieron entre septiembre de 2019 y enero de 2020 en la comisaría 3ra de La Tablada, y tuvieron como víctimas al menos 28 mujeres y personas trans. De acuerdo a la instrucción judicial y lo que se ventiló durante el juicio, estas prácticas fueron sistemáticas y se dieron en un contexto de graves vulneraciones a los derechos humanos.

Durante estos días de audiencia, las víctimas de este delito pasaron frente al jurado y aún con signos de angustia por lo vivido relataron con precisión y de manera coincidente los actos de violencia física y psicológica que sufrieron durante esos cuatro meses.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) patrocinó a 17 de las 28 víctimas y fue particular damnificado institucional en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. En ese rol destacó durante los alegatos, que esas prácticas constituyeron actos de tortura y graves violaciones a los derechos humanos, solicitando la condena por estos delitos.

Este pedido se fundamentó en “la sistematicidad de las prácticas y la clara intencionalidad de llevarlas a cabo para provocar sufrimientos y padecimientos graves en las víctimas de parte de funcionarios públicos que tenían el deber de cuidado y custodia de las detenidas”, comunicó la CPM.

Durante las audiencias del juicio se probó que entre septiembre de 2019 y enero de 2020 los funcionarios policiales ejercieron violencias físicas y psicológicas con el objetivo de humillar, producir gran sufrimiento y castigar a las detenidas de múltiples formas: insultos racistas y xenófobos; aislamiento extremo como forma de castigo que implicaba el encierro en las pequeñas celdas durante periodos prolongados, donde las forzaban a orinar en botellas de plástico y defecar en bolsas de nylon; el robo y la destrucción de los alimentos que ingresaban sus familias -los funcionarios policiales les tiraban la comida o la dejaban al sol para que se pudra-; provisión de agua caliente y en mal estado para hidratarse, entre otros graves hechos.

EL DESCARGO EN REDES SOCIALES DE JOHANNA ROMERO, POLICÍA DECLARADA CULPABLE

Asimismo, los imputados “abusaron sexualmente de las detenidas durante una requisa en donde se buscaba un celular”, se estableció. Las víctimas declararon que en la dependencia había escáner para detectar metales en el cuerpo de las personas, pero no se utilizó. La requisa personal vejatoria consistió en introducir una agente policial sus dedos en las cavidades intimas de cuatro mujeres cuanto menos, con un mismo guante a todas.

Una de las mujeres declaró su angustia porque conociendo que tenía una enfermedad de transmisión sexual, temió que se contagiaran sus compañeras; otra joven que no tenía experiencia sexual también fue víctima de estas prácticas, lo que le provocó “una profunda afectación”, según reveló. Todo esto en un marco definido como “de absoluta ilegalidad”: con participación de personal policial masculino, sin consentimiento de las víctimas ni autorización judicial, y “con la única finalidad de castigar, humillar, denigrar y, finalmente, violentar la integridad sexual de las detenidas”, detalló la CPM.

Tal como se sostiene en fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y como requirió la CPM en sus alegatos, estas requisas constituyen abuso sexual y así también lo entendió el jurado popular que declaró la culpabilidad de 4 de los 6 policías que estaban imputados por abuso sexual.

El otro delito que quedó probado durante el juicio fueron las vejaciones durante una requisa policial masiva a cargo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) luego de una protesta de las mujeres por las inhumanas condiciones de detención. En ese momento, funcionarios del GAD junto a personal de la comisaría encerraron a diez detenidas en un baño de ínfimas condiciones, las obligaron a desnudarse y las golpearon con palos para que realicen ejercicios físicos hasta la extenuación, con sus cuerpos en contacto, una de ellas menstruando, todo frente a la mirada de policías varones que se burlaban con diferentes insultos como “negras de mierda”, “mugrientas”, “putas”, entre otros.

Por último, el jurado popular también declaró culpable a los policías imputados por las vejaciones a una joven mujer trans. Durante el encierro, fue particularmente violentada por su condición de género: fue alojada en una celda diminuta sin camastro ni baño, la alojaron también con detenidos hombres y la hicieron limpiar orín, material fecal y vómitos de otras personas con sus propias manos.

En la decisión final del jurado popular, por estos hechos, fueron declarados culpables el subcomisario Lionel Maximiliano Gómez, Ángel Ariel Reales y Javier Ramón González por los delitos de severidades y abuso sexual; Valeria Suárez, Silvia Solari y Lara de las Nieves Taramazzo por el delito de severidades; Silvina Suárez por el delito de abuso sexual; y Hernán Garzón, Yanina Vargas, Johanna Romero y Franco Hinojosa por el delito de vejaciones. Por su parte, Maida Ruiz, Cristian Aliaga, Leandro Maidan y Ariel Pasquale fueron declarados no culpables por el jurado.

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