El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, participó de un panel de especialistas en la Universidad de Morón para analizar el funcionamiento del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en territorio bonaerense y exponer sobre la cantidad de menores punibles en conflicto con la ley.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de Héctor Norberto Porto Lemma, rector de la casa de estudios; Matías Rappazzo, flamante reelecto como presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Morón; Claudio Jesús Santagati, presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Buenos Aires; y Norberto Gioia, titular de la Comisión Provincial del Funcionariado.
En diálogo con Primer Plano Online, Conte Grand se refirió al debate en torno a la baja en la edad de imputabilidad para menores que delinquen. “Mi impresión es que no se puede resolver desde un fragmento el problema. La cuestión tiene que ser analizada en un contexto en el que la edad de la imputabilidad de los menores es uno de una cantidad de elementos que hay que considerar”, indicó.
En su opinión, el objetivo de cualquier reforma al funcionamiento actual de lo que establece la legislación vigente debe ser “la construcción de un sistema que recupere a las personas que están en conflicto con la ley penal, que acompañen a las personas en general, y particularmente si son menores, y que ponga el acento en una tutela efectiva de las víctimas”.
MENORES EN CONFLICTO CON LA LEY
En su disertación, Conte Grand enumeró que los operadores judiciales dedicados a la Ley Penal Juvenil intervinieron en 22.018 investigaciones en 2022 y en 14.900 entre enero y agosto de 2023. Precisó, asimismo, que este año los números estadísticos “son similares” a los del año pasado, aunque detalló que desde 2020 “se verifica un paulatino incremento de eventos delictivos cometidos por niños, niñas y adolescentes”: pasaron de 17.988 hechos en 2020 a 18.503 en 2021 y así va subiendo.
Al respecto también aportó un dato a considerar: el 19% de las investigaciones iniciadas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil en 2021 y en el 17% de 2022 incluyen al menos un imputado mayor de edad. Es decir, personas mayores de 18 años que salen a delinquir con una menor de edad. Las causas que se iniciaron fueron por afectar bienes jurídicos como la propiedad (31%), contra las personas 16% (con lesiones leves o graves como consecuencia del accionar) y 12,6% contra la integridad sexual, con fuerte incremento de denuncias por casos de abuso sexual simple.
La Ley 22.276 establece que en un proceso de Responsabilidad Penal Juvenil se puede aplicar pena a un o una joven de entre 16 y 18 años de edad que cometiere un delito, salvo en aquellos casos cuya imputación no exceda de los dos años de condena o que la sanción sea infracción o multa. Previo a aplicarse una pena a personas en ese rango etario, un magistrado debe haber declarado su responsabilidad penal cuando la persona en cuestión ya cumplió los 18 años y fue sometido a un período tutelar no inferior a un año prorrogable hasta que sea mayor que consiste en una serie de medidas como la imposición de ciertas pautas de conducta, informes en su domicilio y la restricción de su libertad.
CRÍTICA AL SISTEMA
Esos datos fueron refrescados por Conte Grand ante un auditorio que era afín al idioma en que se expresaba. Es decir, la mayoría conocedores de lo que se estaba exponiendo y de cómo es la sanción penal para jóvenes de entre 16 y 18 años. Por eso allí hizo una pausa. “¿Saben por qué cuento esto?”, se preguntó. “Porque hemos verificado que no se cumplen estos extremos impuestos por la ley”, enfatizó. Dura crítica al funcionamiento del sistema penal juvenil.
El procurador también manifestó: “las y los jóvenes imputados en delitos requieren una respuesta social distinta porque son seres en evolución, por lo tanto, todas las medidas adoptadas tienen que tener como objetivo fundamental su reeducación y la prevención de reincidencia futura, con la atención, en paralelo, de las víctimas y sus familias”.
“Analizar la problemática exclusivamente desde el tema de la imputabilidad es un error. Como siempre es un error ver el todo por un pedacito. De manera que yo creo que hay que analizar todos los temas, sentarse, y quienes sean especialistas en las materias intervenir, porque la sola resolución del problema de la imputabilidad no va a solucionar el problema”, subrayó.
Y concluyó con una reflexión sobre el momento para debatir esta problemática, justo en medio de un proceso electoral. “Yo creo que los temas, cuando hay que resolverlos, hay que instalarlos y comenzar a hablarlos en cualquier momento. Porque, en definitiva, tarde o temprano hay que solucionarlos. No se puede estar dependiendo para la solución de los problemas de que haya elecciones”, cerró.
