Un búnker que es derribado no puede volver a ser ocupado por las organizaciones narco que tensionan la tranquilidad en los barrios pugnando por el control del territorio.
Después de un trabajo articulado entre el Municipio de Moreno, la Policía y la justicia, las autoridades locales avanzaron con la demolición de un punto de venta de estupefacientes en el barrio La Perla, sobre calle La Plata, entre Tablada y Canadá.
La intendenta, Mariel Fernández, acompañó el operativo de derribo del inmueble junto al secretario de Seguridad local, Ismael Castro; el fiscal Leandro Ventricelli; y el director Provincial de Formación y Capacitación en el Ministerio provincial de Seguridad, Gonzalo García.
“El hostigamiento permanente al narcomenudeo forma parte de una política integral municipal, con la que también acompañamos a personas con problemas de consumo y sus familias, y ofrecemos propuestas educativas, culturales, deportivas y de formación laboral en todo el municipio”, señaló la jefa comunal.
Respaldo vecinal para el derribo
La decisión de tirar abajo la estructura edilicia contó con el respaldo vecinal, que en su momento fue determinante para las investigaciones de rigor: fueron denuncias anónimas vinculadas a la actividad ilícita las que permitieron el avance de la justicia sobre bandas dedicadas al narcomenudeo en la zona.
El Municipio recepcionó esas denuncias y realizó las presentaciones de rigor en la Fiscalía N° 12, dedicada a la Temática Estupefacientes. La evidencia probatoria recopilada por personal de la comisaría 1ª de Moreno derivó en procedimientos para desarticular las organizaciones que se apoderaban del inmueble y que generaban disturbios a diario entre compradores y vendedores.
Así, entre marzo y en abril de este año se realizaron allanamientos y se secuestraron un total de 291 dosis de cocaína, con un peso total de 81,5 gramos; 53,1 gramos de marihuana; dos armas de fuego; municiones; balanzas utilizadas para el fraccionamiento de estupefacientes, celulares y dinero. Asimismo, fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales competentes.
Como informó Primer Plano Online, la destrucción de viviendas vinculadas a organizaciones narco fue dispuesto en la Resolución 24/24 firmada por el fiscal general del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte, quien mediante un trabajo coordinado con dependencias municipales impone la obligación de certificar si esas propiedades tienen dueño, si está usurpado, si puede ser ocupado o usado para la comunidad o si es más conveniente tirarlo abajo de acuerdo a distintas circunstancias.
