Una mujer que denunció a su expareja por hostigamiento cibernético y amenazas recibió una respuesta contundente de la Justicia de Paz de Ituzaingó, que ordenó a violento cesar todo tipo de contacto con ella y someterse a un tratamiento psicológico en instituciones públicas del distrito.
La medida cautelar fue dictada por el juez Carlos Miceli, quien dispuso que el acusado no pueda acercarse, por el término de 180 días, a menos de mil metros de distancia de su exmujer y de su grupo familiar conviviente, al igual que suspender todo tipo de contacto físico, telefónico, de telefonía celular, de correo electrónico o cualquier otro medio por vía directa o mediante terceras personas.
Según pudo saber Primer Plano Online, la desesperación de la mujer fue tal que decidió recurrir a la justicia cuando confirmó que su correo electrónico había sido hackeado por el sujeto, quien hasta le canceló un viaje que ella tenía previsto realizar. La víctima tuvo que realizar un trámite de urgencia cuando se enteró del imprevisto.
Así como esa fueron varias situaciones protagonizadas por el imputado, un hombre “extremadamente obsesivo, que ejerció sobre ella violencia digital, amenazas de muerte y persecución de todo tipo”, precisó una fuente de la investigación. De hecho, a partir de la exposición hecha por la denunciante, la perito psicóloga del equipo técnico del juzgado interviniente concluyó en la “necesidad del dictado de medidas urgentes de protección”.
Las restricciones impuestas al violento por la Justicia de Paz de Ituzaingó
Para constatar que se cumpla la restricción de acercamiento, el magistrado impuso la colocación de un dispositivo dual, que es una pulsera que debe portar el acusado y que se activa si se encuentra a menos de la distancia impuesta en relación a la víctima.
En Ituzaingó el Juzgado de Paz funciona en la calle Las Heras 492, esquina Alvear, y el teléfono es 4661-1839
Además, la manda judicial obliga al exnovio de la chica a eliminar todo material que haya publicado sobre ella en redes sociales, ya sea en cuentas originales u otras creadas con identidades apócrifas, y quitar de todos los dispositivos que posean datos de la víctima, incluso aquellos guardados en la nube.
En caso de no cumplir, deberá pagar una multa de un millón de pesos por día y todos sus equipos tecnológicos serán secuestrados; las empresas de telefonía serán intimadas a cancelarle sus líneas y se le dará intervención a la justicia penal bajo la figura de desacato, con lo cual se solicitará su “inmediata detención”.
Por último, el imputado deberá realizar tratamientos psicológicos de interacción familiar en las instituciones públicas del distrito que cuenten con servicio de salud mental.
