INFORMACIÓN EXCLUSIVA: la justicia de Garantías del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez dictó la prisión preventiva para los cinco detenidos por la escandalosa situación que se descubrió en la comunidad terapéutica Valientes, que fue clausurada por no tener papeles en regla para la actividad que desarrollaba y de confirmar las torturas a las que sometían a los jóvenes internados allí por consumos problemáticos.
La decisión fue tomada por la jueza María Celina Ardohain, responsable del Juzgado de Garantías Nº 3, a solicitud del fiscal Gabriel López, titular de la UFI Nº 8 y su secretario Matías Rumi, quienes investigaron el caso, y recayó sobre los tres directores del establecimiento Emanuel Iván Alegre, Germán Ferrante y Gonzalo Gabriel Llinás, y los operadores Martín Sebastián Tosich y Yazael Lebian Sury.
La calificación legal que pesa sobre los imputados es la de reducción a una persona a esclavitud o servidumbre bajo cualquier modalidad y a realizar trabajos forzosos, en concurso ideal con retención de una persona con el fin de obligar a la víctima a tolerar algo en contra de su voluntad agravado por tratarse algunas de las víctimas de personas menores de edad y por haber participado en los hechos tres o más personas.
Sólo este último delito tiene un mínimo de diez años de prisión, y es de incumbencia de la Justicia Federal, con lo cual es probable que cambie la jurisdicción. Por el momento, aunque la instrucción no está cerrada y se pueden incorporar más elementos, son 23 los hechos. Y la prisión preventiva fue requerida por la pena en expectativa que tienen los delitos enumerados y porque estando en libertad los acusados podrían influir en el testimonio de otras posibles víctimas, es decir, entorpecer la investigación.
Como informó Primer Plano Online, la Asociación Civil Valientes funcionó en la sede de la localidad de La Reja hasta el sábado 4 de febrero de este año mientras que la dependencia ubicada en General Rodríguez lo hizo hasta cuatro días después. La primera irrupción judicial en el lugar fue a partir de una denuncia realizada por el Ministerio de Salud bonaerense a raíz de que ambos establecimientos funcionaban sin habilitación.
A partir de los allanamientos la justicia descubrió el horror que se vivía ahí adentro. En Moreno la institución albergaba a 76 internos mayores de edad y otros diez menores, mientras que en la otra sede había alojadas 33 mayores y dos menores, todos varones y con consumos problemáticos, principalmente adicción a drogas ilícitas.
El tema que llamó la atención de los investigadores fue lo hallado: un chico menor de edad esposado y aislado en un gallinero. Después, el espanto: hacinamiento, falta de higiene, cocina y habitaciones sin camas destinadas para la totalidad de las personas que residían en el lugar, escasa alimentación diaria y los denominados “correctivos”, que no eran otra cosa que castigos inhumanos.
Esos “correctivos” consistían en “humillaciones, degradaciones, flagelos psíquicos y físicos, agresiones sobre sus cuerpos, muchas veces sometidos de manera pública ante el resto de la comunidad”, quienes debían obligadamente “presenciar el castigo aplicado” y hasta “formar parte de las agresiones hacia la humanidad de las víctimas”, precisaron fuentes de la investigación.
Todo a cambio de fuertes sumas de dinero exigidas a las familias de los internados a cambio del “tratamiento” para sacarlos de las adicciones.
