Comenzaron a instalar cámaras de seguridad en colectivos: la inversión está a cargo del Gobierno provincial

Finalmente, luego de los tironeos con el sector empresario que rechazaba estar a cargo de la inversión, el Gobierno bonaerense decidió instrumentar, vía Ministerio de Seguridad, la compra, instalación y software para monitoreo de las cámaras de seguridad que, paulatinamente, tendrán todos los colectivos que transiten territorio provincial.

Según pudo saber Primer Plano Online, son entre cinco y seis cámaras las que colocarán en cada unidad, según el tamaño de la carrocería y el trayecto que realice. La primera línea en que se está instalando el sistema es la 620, perteneciente a la empresa Nueva Ideal en la que trabajaba el chofer Leandro Alcaraz, asesinado en abril pasado en Virrey del Pino y cuyo crimen provocó una verdadera conmoción social.

La resistencia de los empresarios surtió efecto y la provincia, tal cual ocurrió con la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se hizo cargo de los costos de puesta en funciones del sistema de seguridad, que también era rechazado por los conductores.

El pasado 22 de abril, luego de la reunión que mantuvo la gobernadora María Eugenia Vidal en La Plata con empresarios del sector y representantes del gremio Unión Tranviarios Automotor (UTA), el Gobierno provincial decidió instrumentar la ley para que todas las unidades cuenten con cámaras de seguridad.

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http://www.primerplanoonline.com.ar/index.php/2018/04/22/los-empresarios-colectivos-aseguran-no-pueden-realizar-la-millonaria-inversion-instalar-camaras-seguridad/

Se trata de una norma que fue aprobada hace dos años, y que ahora el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, anunció que “en los próximas 90 días los colectivos que trabajen de noche deberán tener colocadas las cámaras y a los 180 días la totalidad de los 9 mil micros, tanto los 5 mil provinciales como los 4 mil de líneas municipales”.

Pese a que la jefa de Estado había anunciado la decisión de otorgar una línea de créditos blandos a través del Banco Provincia, con bajo interés y un año de gracia para comenzar a pagar, se impuso la postura empresaria y el desbarajuste económico general para que sea el Gobierno el responsable de realizar la inversión.

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