Una familia de Morón recibió el aval de la justicia para que el colegio Monseñor Solari reincorpore a una adolescente que todavía no pudo comenzar el último año de la Secundaria con sus compañeros de toda la vida.
La resolución fue adoptada hoy por la jueza Karina De Luca, quien subroga el Juzgado de Garantías del Joven N° 1 de ese Departamento Judicial. Si bien la magistrada había rechazado inicialmente dictar la medida por considerar que el derecho a la educación de la menor en cuestión no estaba vulnerado, un fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Penal anuló esa determinación y le pidió que avance con su tratamiento.
“La decisión (del colegio Solari) no se erige como un castigo caprichoso o una represalia indirecta contra la menor, sino como el ejercicio regular prudente supervisor de su derecho a no renovar un vínculo contractual con una contraparte que ha evidenciado una conducta de cumplimiento defectuoso a lo largo del tiempo”, había justificado la jueza.
En rigor, la magistrada consideró que el establecimiento educativo tenía motivos suficientes como para no renovar la matrícula por los incumplimientos de los padres de la menor y por haber avisado con el tiempo que obliga la ley (antes del 31 de octubre del año anterior) para que la familia busque una vacante en otra escuela. Eso es lo que justifica que el derecho a la educación no está vulnerado y que quien incumplió el contrato entre privados no fue la escuela.
Lo que cambió a partir de hoy
A partir de la resolución de la Cámara, firmada por los jueces Diego Grau y Fernando Bellido, la jueza De Luca convocó a una audiencia de la que participaron la familia peticionante, representantes del establecimiento educativo, de la Dirección General de Cultura y Educación y del Servicio Local de Morón, organismos que fueron notificados por el colegio de la decisión de no renovar la matrícula de la alumna.
Según confirmaron a Primer Plano Online fuentes que fueron parte de la reunión, las partes en litigio mantuvo su postura inicial: la escuela rechazó reincorporar a la estudiante y los padres no aceptaron cambiarla de lugar de estudio. En el medio, las autoridades educativas provinciales ofrecieron una vacante en otro instituto de similares características, y tampoco fue aceptado.
Ante la negativa y la falta de acuerdo, la jueza De Luca resolvió aceptar la medida cautelar para que el colegio le garantice la continuidad de la adolescente en el ciclo lectivo 2026. Y, en el segundo artículo, impuso a los padres la obligación de abonar las cuotas de todo el año por adelantado, que es a lo que se habían comprometido a hacer.
La resolución es apelable, pero mientras se dirime la cuestión de fondo es de cumplimiento efectivo. Es decir: la familia debe pagar los aranceles respectivos (matrícula y cuotas de todo el año) y la escuela debe reincorporar a la menor para que complete sus estudios.
Según pudo saber Primer Plano Online, hay otros amparos en trámite en otros fueros. Como sea, lo más importante es que la menor en cuestión pueda retomar sus estudios un mes después del inicio del ciclo lectivo.
