El caso está vinculado a la salud pública e involucra a menores de edad. Tiene como punto de partida una nota que dio a conocer Primer Plano Online luego de una denuncia realizada por la familia de una menor de edad, que acudió a un local de tatuajes a realizarse un piercing y se lo pudo hacer pese a que nunca presentó el consentimiento de una persona adulta responsable.
La investigación hecha por el Municipio de Morón y por la Defensoría del Pueblo de ese distrito tuvo su puntapié inicial en una nota publicada por este medio. Fue tras la queja expuesta por Carlos Núñez, el papá de la adolescente que asistió al negocio ubicado en la calle Almirante Brown 828, local 33 de una galería céntrica.
La adolescente, de 15 años, terminó siendo atendida en la guardia del hospital Italiano de San Justo por una infección en el lóbulo de la oreja. Ella, en rigor, pagó por un doble aro en su cuerpo: el otro fue en el ombligo y, debido a que ambos presentaban picazón y ardor, la médica pediatra que la atendió le recetó la ingesta de cefalexina (un comprimido cada ocho horas por diez días) y 20 gotas de Betametasona cada ocho horas también, pero por tres días.
El reclamo de su padre, naturalmente, fue porque esa acción de la chica no contó con la exigencia del tatuador del permiso para hacerlo, tal como establece el artículo N° 8 de la ordenanza 8795-2006, que indica taxativamente: “ninguna persona podrá realizar un tatuaje o perforación corporal a menores de 18 años sin autorización de los padres, tutores, curadores o encargados” y que “dicho consentimiento deberá presentarse en el establecimiento con copia del documento que acredite el vínculo”.
Las irregularidades detectadas en el local de tatuajes
Luego de la presentación de ese papá, el expediente comenzó a ser tratado por la Defensoría del Pueblo de Morón, cuyo titular, Enrique Pochat, emitió un dictamen una vez concluidas las actuaciones. Fue tras hacer las averiguaciones pertinentes con la Secretaría de Salud, debido a que es el organismo que tiene poder de Policía sobre políticas sanitarias en el distrito.
“Se pone en conocimiento al Defensor del Pueblo que desde la Secretaría se llevan a cabo las acciones determinadas por dicha Ordenanza en forma regular según lo establecido, realizando las evaluaciones necesarias y tomando determinaciones, si las hubiere, en pos de cuidar la salud de las personas”, fue la primera respuesta que recibió al pedido de informes.
Sin embargo, Pochat insistió con su planteo a raíz de las “generalidades” que contemplaba la contestación. Un análisis complementario devuelto por Salud indica que se realizó una supervisión del local en cuestión junto a personal de la Dirección de Inspección General del Municipio, en la que se constató que el establecimiento cuenta con Habilitación Municipal y la Certificación de Salud para ejercer visible al mostrador.
Sin embargo, también encontraron irregularidades sanitarias, a saber:
–Falta de consentimiento informado para aquellos casos que requieren la firma;
-Falta de registro de esterilización, circuito informal e irregular para residuos patológicos;
–Insumos de botiquín de primeros auxilios vencidos;
-Insumos de tinturas para tatuajes vencidos e insumos para antisepsia vencidos.
“Ante la detección de estas irregularidades que competen a la Secretaría de Salud, junto a irregularidades administrativas observadas por Inspección, se procedió a la realización de un acta y posterior clausura del establecimiento hasta regularizar su situación”, indicaron desde la cartera.
Desde la Defensoría del Pueblo corroboraron que el comercio efectivamente fue clausurado, aunque Primer Plano Online constató que ya reabrió sus puertas. La condición para que pueda hacerlo era el cumplimiento de las medidas exigidas por las autoridades.
