Una familia denunció penalmente a un local que realiza tatuajes en el centro de Morón luego de haberle colocado dos piercings a una menor de edad, que acudió al comercio sin autorización de padre y madre ni acompañada de una persona adulta. El comercio está ubicado sobre la calle Almirante Brown 828, es el local 33 de una galería céntrica.
La adolescente, de 15 años, terminó siendo atendida en la guardia del hospital Italiano de San Justo por una infección en el lóbulo de la oreja. Ella, en rigor, pagó por un doble aro en su cuerpo: el otro fue en el ombligo y, debido a que ambos presentaban picazón y ardor, la médica pediatra que la atendió le recetó la ingesta de cefalexina (un comprimido cada ocho horas por diez días) y 20 gotas de Betametasona cada ocho horas también, pero por tres días.
Según expresó a Primer Plano Online Carlos Núñez, el papá de la chica, la intervención realizada en el establecimiento comercial “viola abiertamente lo establecido en el artículo N°8 de la ordenanza 8795-2006”, que establece taxativamente: “ninguna persona podrá realizar un tatuaje o perforación corporal a menores de 18 años sin autorización de los padres, tutores, curadores o encargados” y que “dicho consentimiento deberá presentarse en el establecimiento con copia del documento que acredite el vínculo”.
LA ORDENANZA COMPLETA
Más allá de la discusión en el seno familiar por la conducta de la joven, de lo que se trata es de exponer la actitud del negocio, que claramente incumplió lo que dice la legislación local que habilita la actividad. “A mi hija le dolía mucho y esa misma noche, cuando no aguantó más, nos contó lo que había hecho y salimos hacia el hospital”, agregó el papá.
Después de revisar la ordenanza que rige la actividad y constatar que se trató de una irregularidad como mínimo, Carlos fue al local para intentar conversar con el propietario, pero nunca lo encontró. Tampoco obtuvo respuestas en la Defensoría del Pueblo de Morón, por lo que decidió presentar una denuncia judicial, que recayó en la Fiscalía Nº 7 de Morón. De todos modos, se trata más de una falta administrativa que de un delito.
