El Municipio de Ituzaingó le puso faja de clausura al boliche Club Leloir tras una jornada en la cual el local de esparcimiento nocturno fue escenario de la polémica campaña de escaneo de ojos para la obtención de datos biométricos a cambio de dinero.
Como había pasado en Pinar de Rocha, cientos de varones y mujeres de diversas edades se dieron cita en las puertas del establecimiento sin saber a ciencia cierta para qué les iban a tomar información individual. Las empresas del rubro afirman que es una forma de verificar que una persona es única, aunque no lo expresan de manera oficial y no lo plasman en ningún lado.
“El motivo de la clausura es por ejercer una actividad en el lugar sin permiso. Realmente nadie sabe qué es lo que hacen con esos datos, pero tampoco pidieron ninguna autorización en el Municipio para realizarla”, señaló el secretario de Gobierno, Juan Manuel Álvarez Luna, en diálogo con Primer Plano Online.
Este medio también confirmó que las autoridades del Club Atlético Ituzaingó (CAl) fueron advertidas de que depongan la actitud porque en el Polideportivo de la entidad, sobre la avenida Blas Parera al sur del distrito, desactiven el permiso para realizar el escaneo que la misma empresa lleva adelante.
A finales de enero, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires requirió a las empresas Worldcoin Foundation y Tools for Humanity que brinden explicaciones sobre el destino que le darán a los datos recabados en las jornadas para el escaneo del iris de los ojos de las personas que asisten.
En rigor, si bien se trata de un acto voluntario, lo cierto es que a cambio de entregar esa información privada las personas reciben una paga, por lo que existe una finalidad de lucro. Esos datos biométricos personales se obtienen mediante el escaneo del iris del ojo y del rostro, con un dispositivo tecnológico denominado Orb y luego de instalarse en el teléfono celular la aplicación de finanzas ‘World App’ y recibir una cierta cantidad de criptomonedas de la firma Worldcoin.
Según advirtieron desde la cartera provincial, esa iniciativa vulneraría, en principio, “el deber de seguridad, el deber de protección de la salud e integridad de las personas, el derecho a la información y el principio de prevención de daños”, se comunicó oficialmente. Y también “podría afectar la libertad de contratación, ya que impone, a las personas consumidoras, productos o servicios no requeridos, sometiéndolas a prácticas abusivas y/o presuntamente lesivas de sus derechos”.
Sin embargo, válido es consignar que no existe ninguna prohibición explícita ni escrita en ningún lado, con lo cual las empresas juegan con el vértice legal que indica que lo que no está prohibido está permitido. Es un verdadero vacío legal el que rodea a una práctica cuya principal duda es la incertidumbre sobre el destino de la información que recopilan.
