Bombazo judicial: citan a prestar declaración indagatoria a una fiscal de La Matanza y a dos funcionarios policiales bajo sospecha de haber encubierto al narco Chaki Chan, el delincuente conocido popularmente como ‘el patrón’ del barrio Villegas al tener el monopolio de la comercialización de drogas en la región.
Según confirmaron fuentes judiciales a Primer Plano Online, la convocada a explicar su actuación es la fiscal de instrucción María Belén Casal Gatto, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Laferrere. Los otros dos citados por la justicia federal son Fernando Nicolás Cardozo, subayudante de la Comisaría Este 3ª de La Matanza, Ciudad Evita, y Leonardo Ledesma, Jefe Policial de la Comisaría Este 3ª de La Matanza, también de Ciudad Evita. La fecha de indagatoria para la funcionaria es el jueves 2 de noviembre, mientras que para los uniformados el martes 7 de el mes que arranca mañana.
La jueza que decidió las indagatorias es Alicia Vence, quien subroga el Juzgado Federal Nº 3 de Morón a solicitud del fiscal federal Sebastián Basso, que investigó y logró la detención del temible narco cuyo nombre real es Nicolás Nahuel Guimil. La sospecha es concreta tiene raíz en un hecho ocurrido en noviembre de 2022 en el que “se hizo un sumario judicial que no condice con la realidad”.
“El trabajo de análisis conjunto permitió descubrir un caso penal de la justicia provincial que no había prosperado durante el mes de noviembre de 2022, donde figuraba como imputado el famoso ‘Chaki Chan’”, indica el planteo hecho por el fiscal Basso. Se refiere a lo que la justicia provincial calificó como “un incidente menor” protagonizado por Guimil la noche del día 22 de noviembre de 2022 con policías de la Comisaría de Ciudad Evita, donde “hubo un altercado que no pasó a mayores”.
La descripción del hecho indica que dos oficiales de la Policía patrullaban la zona lindera a la villa conocida como Puerta de Hierro cuando vieron salir un rodado Peugeot 208 blanco sin patente. Lo frenaron, pero el conductor hizo caso omiso. Lo persiguieron, obligaron a que se detenga y que su conductor y demás tripulantes a que se bajaran del auto.
Quien manejaba era ‘Chaki Chan’, quien viajaba secundado por dos sujetos más. Cuando una de las mujeres policías preguntó a Guimil por qué el auto no tenía patente, la respuesta fue: “porque no quiero”. Lo quiso agarrar, el narco se resistió, le dijo “no me toques” y comenzó a agredirla físicamente. La oficial advirtió que el sospechoso estaba “re duro”. Y acá lo sugestivo: al pedir refuerzos “tardaron mucho en llegar al lugar”, consta en el expediente. Antes llegó gente de la banda delictiva.
“No sabés a quién agarraste”, le expresó otro sujeto que llegó en una camioneta y se dirigió de manera intimidante hacia la mujer policía luego de afirmar que era el abogado del narco. Uno de los sujetos abrió el baúl del auto, tomó un bolso y se retiró. Dos compañeros de las agentes arribaron y comenzaron a discutir y pelearse con los cómplices de Chaki Chan: eran cuatro contra treinta. Una de las oficiales que participó de ese procedimiento confesó luego haber sentido “miedo” de que la mataran.
Ya en la comisaría se presentó, siempre según la investigación federal, la fiscal Casal Gatto, quien se reunió con Fernando Nicolás Cardozo y el propio ‘Chaki Chan’ en una oficina de la dependencia. Después de eso el narco se fue a su casa. “La poca entidad del suceso, a la luz de las graves consecuencias que acarrea la imposición de la ley penal, llevó a la fiscal del fuero provincial que tuvo a su cargo el caso, María Belén Cassal Gato a archivar el caso, quedando por lo tanto desestimada cualquier intervención estatal en el asunto”, citó el fiscal Basso en su acusación.
“Ha quedado expuesta la dolosa inactividad de funcionarios policiales y judiciales y la actitud manifiesta y desafiante de ‘Chaki Chan’ frente a un control policial ejercido por dos valientes mujeres de la Policía de la Provincia de Buenos Aires”, indica el texto para citar a indagatoria a los ahora imputados, la fiscal y dos jefes policiales, que se sospecha incurrieron en una “deliberada omisión de cumplir con sus deberes”.
Tanto los uniformados como la funcionaria judicial, que estaba de turno en aquella jornada, al no intervenir provocaron “la pérdida de elementos que podrían servir de prueba para poner en evidencia la existencia de una banda criminal”. “El ocultamiento de un hecho de inusitada gravedad puso en tela de juicio el dominio del territorio por parte de las autoridades del Estado provincial”, se estableció en la investigación federal.
