El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de San Martín, integrado por los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Walter Antonio Venditti y Fernando Marcelo Machado Pelloni, condenó a cinco oficiales del Destacamento José Ingenieros (Ciudad Evita, La Matanza) de la Policía bonaerense a penas de entre 5 y 15 años de prisión por su participación en dos secuestros extorsivos -con cuatro jóvenes víctimas varones cada uno- ocurridos en 2020.
Las condenas alcanzaron al exsubcomisario Héctor Ricardo García, al exteniente Daniel Alfredo Inverardi, el exoficial subayudante Alán Juan José Vallejos, el exoficial inspector Matías Ezequiel Castillo, la exsargento María Teresa Schinocca y el comerciante Ramón Eduardo Medina. En el mismo veredicto, los jueces decidieron absolver a la oficial Samanta Anahí Linares.
Como parte del fallo, asimismo, los magistrados ordenaron el decomiso de los teléfonos celulares de los condenados, dinero en efectivo, un Volkswagen Bora, una camioneta Chevrolet Tracker y un revolver, y la devolución definitiva de los objetos sustraídos a las víctimas, y de una camioneta Ford Ranger -utilizada como patrullero-, armas y chalecos antibalas al Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
LAS CONDENAS
El tribunal coincidió con las calificaciones legales propuestas por el fiscal Alberto Adrián María Gentili y el auxiliar fiscal Conrado Cotella, aunque difirió en los montos de las penas aplicadas. Por este motivo, condenó a García, Inverardi, Vallejos y Castillo como coautores de los delitos de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por su ejecución perteneciendo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas, y robo agravado por haberse cometido con armas de fuego cuya aptitud para el disparo no ha podido ser acreditada de ningún modo, en lugar poblado y en banda y como integrante de la mencionada fuerza policial.
Los hechos en cuestión ocurrieron uno el 28 de septiembre de 2020 y el otro el 13 de octubre de ese año. A los efectivos policiales de entonces también les cupo la pena por ser coautores de falsedad ideológica cometida por funcionario público en abuso de sus funciones. Y, en el caso de Inverardi, además deberá responder como autor de la tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.
Así, los jueces Gutiérrez, Venditti y Machado Pelloni les impusieron a García, Inverardi, Vallejos y Castillo -respectivamente- las penas de 15 años, 14 años y 8 meses, 13 años y 6 meses y 12 años y 8 meses de prisión, inhabilitación especial para desempeñarse como miembros de una fuerza de seguridad por el término de 10 años, accesorias legales y costas. Además, Inverardi deberá abonar una multa de $5.000.
Por su parte, Schinocca recibió una condena de 5 años de prisión e inhabilitación especial -por el mismo término- para desempeñarse como miembro de una fuerza de seguridad, al ser considerada como partícipe secundaria del secuestro extorsivo agravado por su ejecución perteneciendo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas, y por el delito de robo agravado por haberse cometido con armas de fuego; en lugar poblado y en banda y como integrante de la mencionada fuerza policial. Además, el tribunal dispuso su excarcelación bajo caución juratoria y le prohibió la salida del país.
Por último, el comerciante Ramón Medina recibió una pena única de 15 años de prisión -que comprende las sanciones de 12 años y 8 meses aplicada en el debate y aquella de 3 años de cumplimiento condicional dispuesta oportunamente por el TOC N°2 de La Matanza-, como coautor de los dos secuestros extorsivos agravados y robos calificados.
LOS DOS SECUESTROS INVESTIGADOS
La investigación se inició a raíz de dos denuncias presentadas por familiares de las personas secuestradas. La pesquisa recayó en la Fiscalía Federal N°2 de Morón, a cargo de Mariela Labozzetta, quien trabajó junto al fiscal a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) -ex Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE)-, Santiago Marquevich.
En ambas oportunidades, según se estableció en la instrucción, las víctimas habían acordado encontrarse con Medina a fin de cometer un robo. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de encuentro fueron interceptados por los oficiales de la policía, quienes los redujeron, los golpearon e insultaron, para luego trasladarlos al destacamento policial ‘José Ingenieros’ de Ciudad Evita, desde donde los obligaron a comunicarse con sus familiares para exigirles dinero a cambio de su liberación.
En el primer hecho las víctimas recuperaron la libertad luego de que sus familiares entregaran 300 mil pesos en las inmediaciones del Hospital Alberto Balestrini de Ciudad Evita. En el segundo, fueron liberadas sin que se llegara a pagar el rescate en el barrio porteño de Constitución, donde se había acordado la entrega. En ambos casos, las ocho jóvenes víctimas fueron golpeadas y despojadas de algunas de sus pertenencias.
Oportunamente, la fiscal Labozzetta y su colega Marquevich le solicitaron al titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón, Jorge Ernesto Rodriguez, la elevación a juicio de la investigación, que contó con la colaboración de la División Operativa Central de la Policía Federal Argentina y de la División Asuntos Internos de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
EL JUICIO
En el debate, que comenzó el 4 de septiembre de 2023 y concluyó el 27 de marzo, el fiscal general Gentili consideró probadas las conductas endilgadas a los cinco policías y al comerciante, al tiempo que postuló la absolución de la oficial Linares, a quien se acusaba por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El fiscal consideró que el 28 de septiembre de 2020, García, Vallejos, Inverardi y Castillo, junto a Medina, intervinieron en la sustracción, retención y ocultamiento de cuatro jóvenes para obtener rescate a cambio de su liberación. Para ello utilizaron la camioneta Ford Ranger -asignada como patrullero al Destacamento Policial José Ingenieros de La Matanza- para trasladarlos a la dependencia policial, donde se valieron de armas de fuego y golpes para sustraerles sus pertenencias. Las víctimas fueron liberadas al día siguiente del pago del rescate y les reintegraron la camioneta Ford EcoSport en la que habían llegado.
El representante del Ministerio Público Fiscal también acreditó que el 13 de octubre de 2020 los cuatro efectivos y el comerciante, junto con el auxilio de Schinocca, intervinieron en el secuestro extorsivo de otros cuatro jóvenes, a los que también despojaron de sus pertenencias y liberaron sin obtener el cobro del rescate, al día siguiente de su aprehensión.
Además, se le imputó a García, Vallejos, Inverardi y Castillo el haber insertado -o hecho insertar- datos falsos en las actuaciones que dieron inicio a una investigación por “resistencia a la autoridad” con trámite ante la UFI 3 de Laferrere del Departamento Judicial de La Matanza. También, a Inverardi se lo acuso por la tenencia sin autorización legal de un revolver calibre 32, que fue hallado en su domicilio durante un procedimiento realizado el 20 de diciembre de 2021.
