Con las capturas de Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como ‘Pequeño J’, y de Martín Ozorio, dos de los principales acusados por el triple feminicidio de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, ya son 9 las personas detenidas en el marco de la investigación del caso que conmueve al país.
‘Pequeño J’ fue interceptado por la Policía Nacional del Perú (PNP) en Pucusana, mientras se ocultaba en la parte trasera de un camión tráiler a la altura del kilómetro 40 de la Panamericana Sur. Durante su traslado a la Dirección Antidrogas de la PNP, el presunto autor intelectual del triple femicidio narco se detuvo para hablar con la prensa y rechazó cualquier vínculo con los hechos.
Ozorio, por su parte, hacía dos días dormía en las calles de Lima. Cuando fue arrestado por la Policía peruana reveló que llegó al vecino país engañado por “unos narcos mafiosos” y que se estaba escapando de ellos, por eso su situación rayana con la indigencia. “Me trajeron de engaño unos narcos, mafiosos. Yo le debía plata. Y hace dos días me escapé. Vengo bajando desde Trujillo. Me vengo escapando”, fue su relato tal cual se observa en la filmación que ilustra este artículo.
En el marco de la investigación por el triple femicidio, la justicia ordenó las detenciones de Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19) y Miguel Ángel Villanueva Silva (27), las primeras cuatro personas involucradas en el sangriento episodio. Luego fueron capturados Víctor Sotacuro Lázaro en la ciudad fronteriza de Villazón, en Bolivia; y Ariel Giménez, quien está acusado de cavar la fosa y enterrar a las víctimas. La última en caer fue Florencia Ibáñez, sobrina de Sotacuro.
La mirada del abogado Javier Baños: “merecen la pena de muerte”
El estudio del abogado Fernando Burlando asumió formalmente la representación legal de la familia de Brenda Del Castillo, una de las víctimas del aberrante crimen. Quien se presentó formalmente en el expediente fue el exfiscal de Morón Javier Baños, quien integra el equipo de colaboradores del mediático letrado.
En diálogo con Adrián Noriega y Norman Díaz en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano por canal Somos, de Flow, Baños insistió en su teoría del caso: quien ejecutó semejante plan “merece la pena de muerte”, al tiempo que consideró que el caso “está esclarecido”, y si se quiere llegar más arriba en la cadena de complicidades debería pasar a la órbita de la Justicia Federal.
“De lo único que me arrepiento es de haber dicho que no tiene perdón de Dios, porque Dios siempre perdona. Ahora, de lo que dije, que merecía la pena de muerte, de eso no me arrepiento. No estoy pidiendo la pena de muerte para estos delincuentes, porque aun cuando se discutiera esta cuestión en el Congreso, hay un principio elemental en el derecho penal que es la irretroactividad de la ley”, aclaró.
Lo que sí enfatizó es que el daño que causaron en las tres víctimas y en las familias es imposible de dimensionar. “¿Cómo se recupera un sujeto que comete un delito de estas características?”, se preguntó. E insistió en que no se pueden permitir situaciones como estas en la Argentina, porque así comenzaron países como México y Colombia, en donde el avance narco no tiene límites.
“Desde que me enteré de este caso, hay algo que me movilizó y quería estar en la causa. Este proceso tiene que servir para que la sentencia sea justa. Y los abogados tenemos que ser sacerdotes de la justicia. Si el abogado no es sacerdote de la justicia, se transforma en cualquier cosa. Porque una prostituta vende su cuerpo por plata, pero un abogado que no es sacerdote de la justicia, lo que está vendiendo es su alma por plata, que es mucho peor todavía”, concluyó.
