La vicepresidenta de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Marisol Merquel (PJ–Unidad y Renovación) presentó un proyecto que apunta a declarar por un año la emergencia pyme en todo el territorio bonaerense, medida que viene siendo requerida desde el año pasado por entidades del sector y que, entre otras cosas, contempla frenar las ejecuciones judiciales -tanto impositivas como financieras-, además de proponer la suspensión de cortes de servicios públicos y retrotraer las tarifas a los valores de 2017.
La iniciativa tomó estado parlamentario después de la movilización impulsada por sindicatos, organizaciones sociales, trabajadores y empresarios en reclamo por la protección de las fuentes de trabajo y, fundamentalmente, del sector pyme. El año pasado, la gobernadora Vidal había anunciado una serie de créditos a tasas blandas para las pequeñas y medianas empresas, aunque el sector las consideró “insuficientes”.
Presentamos en @HCDiputadosBA un proyecto de ley para declarar la #EmergenciaPyme en la provincia. El Estado tiene la obligación de proteger a los pequeños y medianos empresarios, a los trabajadores y a sus familias, que sufren la grave crisis económica provocada por el Gobierno. pic.twitter.com/IqWLT1y1op
— Marisol Merquel (@MarisolMerquel) April 5, 2019
Merquel fundamentó la declaración de emergencia requerida en “la profunda crisis que estamos viviendo, en un país donde todos los días hay menos trabajo y quiebran empresas”. “Los costos de producción se incrementaron de forma alarmante a partir de las tarifas de luz y gas, que son fundamentales en los procesos de producción”, argumentó en el texto la legisladora. “Los trabajadores y sus familias son víctimas de un combo explosivo impulsado por el gobierno, con apertura de importaciones, tarifazos y caída de la demanda interna”, sentenció.
En rigor, el proyecto promueve la declaración de la emergencia por el lapso de un año en todo el territorio bonaerense; frenar las ejecuciones judiciales, tanto impositivas como financieras; y propone la suspensión de cortes de servicios públicos y retrotraer las tarifas al 2017 como formas de garantizar la continuidad del circuito productivo. Además, se insta al Poder Ejecutivo a otorgar créditos a tasas subsidiadas y a brindar asistencia técnica.
