Una investigación de la Fiscalía Especializada en Juegos de Azar (FEJA) porteña, a cargo de Juan Rozas, logró un importante avance en la lucha contra el juego ilegal online.
Es que luego de una denuncia presentada por la Cámara Argentina de Salas de Casinos, Bingos y Anexos (CASCBA), la justicia ordenó el bloqueo de 72 plataformas de apuestas no autorizadas que operaban en clara violación de la normativa vigente.
La medida fue dispuesta por la jueza María Julia Correa, titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº 28 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hizo lugar al pedido formulado por el fiscal Rozas luego de una detallada investigación.
Es que el funcionario corroboró con el Instituto de Lotería porteña (LOTBA) que los sitios señalados en la demanda, además de no contar con ningún tipo de habilitación para operar, permitían el acceso irrestricto de menores de edad, lo que representa “una grave amenaza para la salud pública”, particularmente en lo que refiere a la prevención de la ludopatía infantil. Así lo detallaron desde el Ministerio Público Fiscal.
“El juego ilegal online no sólo evade los controles del Estado, sino que expone a niños, niñas y adolescentes a plataformas diseñadas para fomentar el consumo compulsivo”, describieron desde la justicia porteña. El bloqueo de estos sitios “busca proteger especialmente a los sectores más vulnerables de la sociedad” y “garantizar entornos digitales seguros, especialmente para niños, niñas y adolescentes”, completaron.
“La falta de control del Estado está ayudando a crear menores de edad ludópatas”
Un trabajo a cargo del fiscal Alejandro Musso, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, y de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal, permitió la detección de más de 120 sitios que operan de forma ilegal en el mercado cibernético y que, asimismo, ninguna de esas plataformas “posee algún filtro para que los menores de edad accedan y se les permite jugar sin restricción alguna”.
Por eso, en su pedido realizado al juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro, el fiscal Musso hizo particular hincapié en un aspecto esencial de la investigación. “No se trata de una medida vinculada a las pérdidas económicas por la falta de tributación estatal. La importancia radica, principalmente, en la falta de control por parte del Estado, que está ayudando a crear menores de edad ludópatas”. Lapidario.
