Es una de las incipientes preocupaciones que crece entre las familias, sobre todo de adolescentes. La adicción al juego, que aumenta fuertemente a través de plataformas informáticas de fácil acceso por su operatoria fuera de la legislación vigente, despierta fuertes inquietudes también en la política y en las autoridades judiciales.
Por esa razón están en marcha diversas estrategias para intentar evitar que esos sitios ilegales puedan seguir llegando con sus ofertas directamente a los teléfonos de cualquier persona sin filtro alguno.
Sobre todo en menores de edad, que hasta terminan en fuertes deudas económicas con compañeros de aula en edad escolar de Secundaria o pidiendo dinero de manera indiscriminada a sus padres o madres para hacer frente a las deudas en que terminan cayendo.
Este fenómeno ya divulgado, aunque quizá no lo suficiente, toma ribetes dramáticos cuando la ludopatía gana terreno en edades tempranas. Quienes conocen y abordan la temática desde una mirada profesional la llaman “la pandemia silenciosa que trastorna la vida de miles de familias”.
Una respuesta del Estado: el bloqueo de sitios de apuestas ilegales
Un trabajo a cargo del fiscal Alejandro Musso, de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelitos de San Isidro, y de la División Ciberpatrullaje de la Policía Federal, permitió la detección de más de 120 sitios que operan de forma ilegal en el mercado cibernético y que, asimismo, ninguna de esas plataformas “posee algún filtro para que los menores de edad accedan y se les permite jugar sin restricción alguna”.
Por eso, en su pedido realizado al juez Esteban Rossignoli, del Juzgado de Garantías Nº 4 de San Isidro, el fiscal Musso hizo particular hincapié en un aspecto esencial de la investigación. “No se trata de una medida vinculada a las pérdidas económicas por la falta de tributación estatal. La importancia radica, principalmente, en la falta de control por parte del Estado, que está ayudando a crear menores de edad ludópatas”. Lapidario.
La determinación del magistrado fue ordenar al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) el bloqueo de los sitios que brindan una “oferta irregular” de diversos juegos de casino (juegos de cartas, tragamonedas, ruleta electrónica), juegos de casino en vivo y apuestas deportivas.
Todas esas plataformas operan modalidades de juegos de azar que se ofrecen bajo el formato online, que no posean autorización legal para esa actividad y son consideradas como parte del abanico de juego clandestino por no cuentan con la sigla bet.ar en su dominio.
