El gobierno de la Provincia de Buenos Aires autorizó una adecuación arancelaria para los servicios educativos que prestan los colegios de gestión privada que perciben aportes estatales para el mes de mayo. Según informó la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Buenos Aires (Aiepba), el aumento alcanza a un 6,7% promedio para todos los niveles de enseñanza.
La decisión se conoció luego del pedido formulado por la entidad que nuclea a los establecimientos de enseñanza “en función de los incrementos de los costos operativos” que se registraron en el último bimestre, y con el objetivo de “garantizar la prestación de los servicios educativos”.
“Valoramos el diálogo permanente con las autoridades provinciales a fin de sostener el financiamiento del sistema de educación de gestión privada”, sostuvo Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPBA. También destacó que en esta oportunidad la autorización “llegó con el tiempo suficiente para informar correctamente a las familias” sobre los nuevos aranceles que se cobrarán a partir de mayo venidero.
PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
Zurita advirtió que las empresas del rubro están “preocupadas por los costos que no se alcanzan a cubrir con estos nuevos cuadros arancelarios”, y citó a modo de ejemplo las subas que recibieron en servicios públicos como luz, gas y agua, lo que “dificulta la gestión financiera de los colegios”.
El dirigente aclaró además que “en las últimas semanas los administradores de los centros educativos han tenido que afrontar fuertes subas salariales del personal auxiliar y de los docentes a cargo de las áreas no curriculares”. “El sistema de enseñanza privada seguirá haciendo el esfuerzo para mantener en pie los servicios que alcanzan a más del 30% de todo el sistema educativo”, agregó.
En territorio bonaerense funcionan alrededor de 4.000 colegios privados que reciben subvención del Estado para pagar parte de los sueldos docentes. Son institutos de enseñanza inicial, primaria, secundaria, nivel superior y modalidad especial que reciben ayuda para el pago de entre el 40 y el 100% de los sueldos de docentes que dictan las asignaturas incluidas en las currículas oficiales.
