El Gobierno anunció el envío de un proyecto al Senado para modificar parcialmente la Ley Nacional de Salud Mental (N° 26.657). La propuesta legislativa busca “mejorar la respuesta del sistema sanitario ante situaciones que en la legislación actual no encuentran suficiente amparo”, se informó oficialmente.
Según detallaron desde la cartera sanitaria, para identificar los principales obstáculos que tiene la norma vigente se relevaron aportes de familiares, pacientes, profesionales de salud mental y actores del ámbito judicial y legislativo.
De esta manera, se pudieron detectar dificultades concretas vinculadas a la “implementación desigual” en las diferentes provincias del país y a “la falta de criterios claros” para actuar “de manera certera y oportuna” ante situaciones de riesgo, tanto para las personas con trastornos severos como para sus familias.
Desigualdad de acceso a servicios
El Ministerio de Salud informó en su página web que, luego de 15 años desde su reglamentación, tan solo 16 jurisdicciones han adherido formalmente a la ley. Por otro lado, son 18 las provincias que cuentan con hospitales generales con servicios de salud mental y sólo 20 disponen de camas para internación. “Esto genera desigualdades en el acceso a los servicios, especialmente en las regiones con menos recursos”, subrayaron.
La iniciativa parlamentaria va a proponer habilitar las internaciones en hospitales generales para casos leves, y reservar los hospitales e instituciones especializadas en salud mental para cuadros graves. En síntesis, se buscará evitar situaciones en las que pacientes con cuadros complejos sean atendidos en establecimientos sanitarios que, en muchos casos, no cuentan con los recursos adecuados para su tratamiento.
Otro de los puntos que se intentará actualizar es el vinculado a criterios para dejar internada a una persona. En lo que refiere a las internaciones involuntarias, la normativa actual establece que solo puede disponerse cuando existe un “riesgo cierto e inminente para sí o para terceros”. Ahora bien, este criterio tiene en cuenta únicamente la situación del paciente al momento de la evaluación médica, impidiendo, en muchas ocasiones, intervenciones preventivas en contextos de crisis.
Evaluación del riesgo
Por este motivo, la reforma que se presentará ante senadores propone implementar un criterio situacional para la evaluación del riesgo considerando el contexto general del cuadro, en el que se incluyen los antecedentes recientes de conductas riesgosas, y la evolución previsible del paciente en caso de no recibir tratamiento.
Asimismo, se establece que uno de los médicos intervinientes en determinación de las internaciones involuntarias debe ser psiquiatra, a diferencia del esquema vigente que no establece su participación obligatoria en todas las evaluaciones. Lo que se busca mediante esta modificación es garantizar una evaluación clínica más completa y reducir el riesgo de confundir cuadros médicos con problemas exclusivamente de salud mental.
La internación seguirá siendo “un recurso excepcional”. En urgencias, el médico interviniente podrá indicar una internación involuntaria, que deberá ser ratificada por el equipo interdisciplinario dentro de las 24 horas, que será el nuevo plazo para una notificación judicial. En internaciones voluntarias, si el paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, podrá transformarse en involuntaria con notificación a la justicia.
