Ana Díaz tiene 31 años y desde hace siete meses está desesperada. Por una decisión de la justicia de Morón está impedida del contacto con su hijo, de once años, y con su hija, de cuatro.
La restricción perimetral de acercamiento fue decidida luego de una situación de violencia que se dio en la vivienda de Ituzaingó a donde actualmente viven los menores, que ella asegura fue en defensa ante un ataque. Antes de ayer, como si fuera poco, se enteró que la medida se extendió por seis meses más.
La mujer está imposibilitada de tomar “todo tipo de contacto físico y de telefonía, de correo electrónico, por vía directa y/o de terceras personas y/o por cualquier medio ello” con los hermanitos a sabiendas de que, en caso de incumplimiento, podrá recibir una pena privativa de su libertad.
En conversación con Primer Plano Online, Ana narró que ella sufrió abusos sexuales cuando tenía seis años por parte del hermano de la pareja de su madre, lo que derivó en su primera intervención psiquiátrica. “Mi familia decidió tapar todo y seguir como si nada”, contó, y también reveló haber sufrido violencia física por parte del marido de su mamá y de su propio abuelo.
“Tuve varias internaciones psiquiátricas a raíz de las vejaciones de todo tipo que padecí, pero pude salir adelante”, sintetizó en la charla con este medio. Así, a lo largo de los años el vínculo con su familia quedó marcado por aquellos años de una dura infancia y se profundizó en el último año con un episodio en particular que ella lo describió como una acción en defensa propia. Y que la volvió a marcar con otra herida dibujada con tinta indeleble.
“El 11 de julio del año pasado fui a llevar a mis nenes para dejarlos con mi mamá. Entré, mi abuelo por lo bajo comenzó a insultarme como hace siempre, discutimos y amagó a apuñalarme. Le pegué una piña y me retiré de la casa con una crisis de nervios. Y mi mamá me denunció: dijo que fui con un brote psicótico. Y así la justicia me impuso una perimetral de acercamiento”, señaló Ana entre lágrimas.
Efectivamente, la decisión fue tomada por la jueza María Florencia Miceli, quien subroga el Juzgado de Familia Nº 7 del Departamento Judicial Morón, y se cumplía su finalización con el comienzo de marzo. Pero, a raíz de un informe elaborado por la psicóloga de esa dependencia judicial, la magistrada optó por extender el impedimento de contacto a un radio de mil metros por otros seis meses.
“La decisión de extender una perimetral se toma en base a la recomendación del equipo técnico, relevamientos vecinales, escolares y lo que se intenta es priorizar el interés superior del niño y la niña”, precisaron fuentes judiciales ante la consulta de este medio. Eso como política marco y general, más allá del caso en particular.
Por eso, en base a la información que maneja sobre el estado de sus hijos, Ana tomó la decisión de salir a plantear el tema en la esfera pública. “Me vuelvo a sentir abusada, pero ahora por la justicia”, indicó. Ella tiene una casa de artículos de limpieza en Villa Luzuriaga, hace Di Di con su auto particular y también trabaja como trabajadora sexual virtual. “El local lo alquilo, no paro en todo el día y una parte de mis ingresos son para pagar a la abogada en esta lucha por justicia que estoy dando para recuperar a mis hijos”, relató.
Ana se queja de que la justicia nunca la convocó a prestar declaración y que no tomaron en cuenta que el nene tiene una cardiopatía congénita y, a raíz de una operación a cielo abierto que duró siete horas, le quedó una hemiplegia del lado derecho. Justo es expresarlo: en la resolución que extiende la perimetral la jueza libró un oficio a IOMA para que cubra los tratamientos que requiera el nene y que haga lo mismo con Swiss Medical para que la hermanita inicie un tratamiento psicológico a la brevedad.
“Me sacaron a los nenes basándose en mi historial psiquiátrico, que no es otro que el de una víctima de abuso. No tuvieron en cuenta nada de eso y ahora no los están protegiendo a ellos, que me llaman por teléfono y me dicen de la angustia que viven porque me extrañan. Me nene hoy (por ayer) cumplió once años y no pudo festejarlo con su mamá. Pero me mandó un mensaje hermoso, que me dijo que el regalo del Día de la Mujer va a ser volverlo a ver, pero eso ya no se puede cumplir”, completó.
Pocos días antes de enterarse de la decisión judicial, Ana radicó una denuncia para dejar asentado que el nene la llamó por teléfono para comentarle que en la casa en la que vive su abuela y su bisabuelo “generalmente lo insultan y siempre lo amenazan con que se porte bien o le van a pegar”. La presentación la hizo, según ella misma expresó, por “temor a la integridad física” del nene, que le manifestó que “me extraña y quiere volver conmigo”.
