Impactantes detalles se suman a la investigación que lleva adelante la justicia y que derivaron en los allanamientos simultáneos en los tres establecimientos que tenía la comunidad terapéutica Inquebrantables en General Rodríguez: son, en total, 117 las víctimas rescatadas de lugares en donde la tortura era el método usado para intentar sacar a jóvenes de las adicciones a consumos problemáticos.
Según pudo confirmar Primer Plano Online con fuentes judiciales, hay tres detenidos, que son los coordinadores de los centros, y varios más identificados. La imputación que enfrentan es larga, pero contempla los delitos de reducción a una persona a esclavitud, servidumbre bajo cualquier modalidad y a realizar trabajos forzosos; retención de una persona con el fin de obligar a la víctima a tolerar algo en contra de su voluntad; retención de una persona con el fin de obligar a la víctima a tolerar algo en contra de su voluntad, algunos de ellos agravados por ser cometidos contra menores de edad.
La causa se inició con la presentación realizada por jóvenes que fueron externados de las comunidades, que recurrieron a la justicia para confirmar lo que habían vivido. Esos dichos fueron corroborados por una vecina de uno de los tres predios, que narró en sede judicial los gritos producto de vejaciones que escuchaba permanentemente en el lugar a raíz de los castigos a los que sometían a los internados.
Para hacer una breve descripción, en Inquebrantables 1 había 45 muchachos alojados; en Inquebrantables 2 eran 41; y en Inquebrantables 3, en cuyo nombre se agregaba el término ‘Nueva Generación’, eran 31. Los dos primeros terrenos fueron allanados por la división Trata de Personas de la Policía bonaerense; el restante por la Policía Federal.
Cómo eran las torturas en las comunidades terapéuticas allanadas en General Rodríguez y el ruego de una de las víctimas
Los procedimientos fueron solicitados por la fiscal Gabriela Urrutia, de la Fiscalía Nº 10 de Moreno, luego de una investigación realizada por la Ayudantía Fiscal a cargo de Graciela Celayes, coordinadora del equipo que investiga delitos graves conformada por el jefe de los fiscales del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, Lucas Oyhanarte. El juez de Garantías Gabriel Castro dio las órdenes para ingresar a las tres propiedades.
Entre los graves delitos que denunciaron las víctimas había algo semejante a la tortura. Por caso, obligarlos a ducharse con agua fría en pleno invierno y durante las madrugadas; meter la cabeza en la pileta a modo de castigo por el incumplimiento de normas internas (submarino seco); o que entre dos sujetos tomaran del brazo al supuesto infractor para que un tercero lo ahogara con agua obligándolo a tomar dos litros en continuado.
“Había también hacinamiento, como el hecho de contar con 30 camastros para alojar a 45 internos”, precisó un vocero de la investigación. Además, hallaron en las tres comunidades comida en mal estado y una particular dieta: comían todos los días polenta y fideos blancos, cuando las familias, en rigor, pagaban sumas de entre 220 mil y 450 mil pesos mensuales para, entre otras cosas, una alimentación equilibrada.
“Por favor no se vayan porque nos van a matar si nos dejan acá”, fue el ruego que expresó uno de los jóvenes alojados ante policías y funcionarios judiciales. Encima, el contraste: muchas familias que pedían que sean derivados a otros establecimientos porque no querían tenerlos de vuelta en sus casas para no interrumpir sus rehabilitaciones y que vuelvan a caer en el consumo. Un verdadero drama social.
Como informó ayer Primer Plano Online, desde el Ministerio de Salud bonaerense confirmaron a este medio que ninguno de los tres centros tenía habilitación para operar como tal. O sea, también hay irregularidades de tipo administrativo. Por eso no se descarta que las imputaciones puedan ser más amplias y alcancen a otras personas.
