La justicia dictó una medida cautelar ante un reclamo planteado por el Municipio de Morón y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH) para poner blanco sobre negro en las situaciones que rodean a préstamos y créditos personales, la información engañosa que contienen y hasta el hostigamiento que sufren las familias que contratan esos servicios cuando ingresan en períodos de mora.
En particular, la resolución solicitada tiene destinatario directo: son ocho organismos de crédito con casos que involucran a vecinas y vecinos del distrito. El reclamo tiene como finalidad dar vuelta una situación a la que ese universo vulnerable quedaba expuesto: frente a la necesidad de acceder a asistencia crediticia, las condiciones impuestas agravaban su situación económica.
El planteo hecho por el Municipio plantea la necesidad de que los usuarios de esas empresas reciban información transparente, clara y detallada sobre las condiciones de los créditos, de acuerdo con lo establecido por la Ley de Defensa del Consumidor y el artículo 42 de la Constitución Nacional.
Por eso, el juez Daniel Leppen reconoció que el derecho de los consumidores a recibir información “adecuada y veraz”, y remarcó la importancia de “prevenir situaciones de sobreendeudamiento, especialmente entre sectores que recurren al crédito no bancario y que pueden encontrarse en condiciones de mayor vulnerabilidad”.
Información precisa y detallada para tomar decisiones
En paralelo, esa medida protectiva ordenó a las entidades de crédito “cesar inmediatamente” la publicación de tasas y costos financieros que no se correspondan con el cálculo establecido por la normativa vigente del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Asimismo, las empresas deberán publicar, dentro de los dos días de ser notificadas, el Costo Financiero Total Efectivo Anual (CFTEA) correctamente calculado, con IVA incluido, tanto en su valor mínimo como máximo, junto con todos los gastos asociados a la operación y un ejemplo representativo del costo de un crédito.
En definitiva, tener información certera para poder tomar decisiones. La resolución judicial sienta, además, un precedente para que el resto de los actores del sistema financiero actúen “con responsabilidad y transparencia, evitando abusos contra quienes recurren al crédito como una herramienta para afrontar sus necesidades”, comunicaron desde el Municipio.
