A un año de la desaparición de Joahanna Zamorano, la vecina de Pontevedra que todo indica en la investigación judicial fue víctima de femicidio por más que su cadáver aún no apareció, una sorprendente denuncia pone en foco nuevamente el caso.
Es que la Policía Federal investiga por estas horas la presentación realizada por un sujeto, que está identificado con nombre y apellido en el expediente, que aseguró tener información sobre el paradero tanto de la mujer oriunda de Merlo como del pequeño Loan Danilo Peña, el menor correntino que mantuvo en vilo al país el año pasado y que tampoco se sabe dónde está.

“Yo sé del paradero de Loan Danilo Peña y de Johanna Elizabeth Zamoraro. Se encuentran encerrados y son víctimas de trata de personas y explotación sexual. La señora se encuentra en Salta (aportó una dirección), en una casa de familia, y las personas involucradas son varias”, indicó el denunciante, cuyos datos por lógicas razones se preservan aunque los aportó con su documento, correo electrónico y teléfono.
Ante la consulta de Primer Plano Online, el abogado del hermano de Johanna, Rodrigo Tripolone, confirmó la veracidad de la presentación y sólo se limitó a explicar que está siendo investigada por la Policía Federal por tratarse de delitos que le corresponden por jurisdicción. La justicia, en tanto, ordenó una serie de medidas de prueba para constatar si esos dichos son verosímiles.
Cabe recordar que el Ministerio de Seguridad de la Nación mantiene vigente la recompensa de 5 millones de pesos para quien aporte datos que permitan dar con la mujer.

Caso Johanna Zamorano: un acusado de femicidio con prisión preventiva
En mayo pasado, la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Morón ratificó la decisión del juez de Garantías Jorge Rodríguez y confirmó la prisión preventiva dictada sobre Julio Cespedes Bogado, alias ‘Darío’, principal acusado del femicidio de su concubina, Johanna Zamorano, la mujer que permanece desaparecida desde finales de enero de 2024 en Merlo.
Para el tribunal de alzada, integrado por los camaristas Fernando Bellido y Diego Grau, existen “sobradas razones” para creer que el imputado fue autor del homicidio de su pareja, por más que el cuerpo de la víctima no haya aparecido aún. Cespedes Bogado enfrenta cargos por los delitos de amenazas, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género, comercialización de estupefacientes y homicidio agravado por el vínculo y por haber sido perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género.
Su defensor oficial, Oscar Rombolá, había solicitado el cese de la prisión preventiva por considerar que la medida de coerción “causa un gravamen irreparable” en su asistido, que “no existen elementos que permitan concluir con el grado de convicción necesaria que participó de los hechos endilgados” y que tampoco hay riesgos procesales.

Sin embargo, para la Cámara las pruebas reunidas en el expediente hasta el momento permiten sostener el estado de sospecha en contra del imputado de que la mujer fue asesinada pese a que no hay cadáver. Coincidió en la resolución con el planteo hecho por la fiscal Florencia Di Sciasio, de la UFI Nº 10 de Morón, que interviene en el caso desde una denuncia original por lesiones en un contexto de violencia de género que Zamorano presentó el 10 de abril de 2022.
Cuáles son los “indicios vehementes” que tiene la justicia en el caso de Johanna Zamorano
Entre las varias pruebas reunidas en la instrucción hay una que es central. “Papá mató a mamá con un cuchillo”, expresó a grandes rasgos el hijo de Cespedes Bogado y Zamorano. El chiquito, de apenas dos años, lo dijo ante integrantes de su entorno familiar y luego repitió esas palabras ante profesionales que lo entrevistaron en Cámara Gesell, en las que también utilizó “nanas” y “sangre” para definir a su mamá.
Hay varios testimonios más incorporados al expediente, sobre todo de personas que viven en cercanías del domicilio de la calle Caricancha Nº 41 de la localidad de Pontevedra. Al ser vecinas y vecinos de la zona quienes aportaron sus declaraciones, la libertad de Cespedes Bogado puede entorpecer la investigación “en miras de la presión ejercida sobre testigos denunciada y los eventuales contactos que pudiera tener a los fines de favorecer al ocultamiento de medios probatorios”.
Además, porque el imputado ya tenía una condena previa dictada en 2016 por el Juzgado de Garantías Nº 4 de Morón, que le impuso la pena de dos años y dos meses de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso, por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil -dos hechos- en concurso real con el de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra.
La argumentación central del camarista Fernando Bellido está basada en lo que marca la literatura del derecho y por qué no es condición indispensable la aparición de un cadáver para dar por probado un crimen. “El homicidio cometido durante un viaje, arrojando un hombre en medio del mar, no deja huellas materiales de su ejecución; sin embargo, el hecho puede haber sido presenciado por centenares de personas, cuyo testimonio constituiría plena prueba del delito”, destacó en su voto.
