La nota duele de sólo proyectarla en la mente del redactor. Llena de impotencia, de bronca, de desconsuelo. Es la crónica de otra muerte que se podría haber evitado. Es la ausencia que jamás podrá ser cubierta por un hijo, por una abuela a su cargo, por amigos, amigas, por familiares. Es la falta de perspectiva de una justicia que sigue siendo ajena al verdadero padecer de las víctimas. Es un grito que sale de las entrañas: ni una menos, basta de matar mujeres.
Perla Zamudio tenía 24 años. El pasado 10 de octubre fue hallada sin vida en su casa del barrio Ejército de los Andes, más conocido como Fuerte Apache, de Ciudadela. Su pareja, Eduardo Carrizo (48), se presentó en la seccional policial de la zona para avisar que él la encontró así luego de despertarse de dormir. En un primer momento la versión parecía cierta, pero la autopsia rápidamente la desmintió.
Los médicos que realizaron la autopsia le informaron al fiscal de la causa, Fabricio Iovine, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de San Martín, que la causa de muerte fue un “estrangulamiento a lazo”, por lo que la carátula, que se tramitaba como averiguación de causales de muerte, pasó a ser homicidio doblemente calificado agravado por el vínculo. Es decir, femicidio.
“La relación era tóxica. Estaban juntos hacía cuatro años, con idas y vueltas, y siempre las cosas eran violentas. Mi hija le presentó una denuncia a finales de 2018 en la misma Fiscalía que ahora investiga la muerte y no hicieron nada. Ambos tenían problemas de adicciones, pero de ninguna manera ella merecía terminar así”, contó a Primer Plano Online Lorena Lencina, la mamá de Perla.
LAS HERIDAS QUE RECIBIÓ PERLA UN AÑO ANTES DEL CRIMEN:
La denuncia fue por un intento de ahorcamiento similar que sufrió Perla el 10 de noviembre del año pasado. Poco menos de un año después no fue un intento: el femicida la atacó de idéntica manera. Perla tenía problemas de adicciones. Había estado internada en el Hospital Fernández mediante una gestión personalizada que realizó su propia madre, que le escribió una carta a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y desde la Casa Rosada se contactaron con ella para enviarla a ese nosocomio.
Allí la chica estuvo internada por casi seis meses, con custodia policial. Hizo un fuerte tratamiento de desintoxicación y luego fue a un centro de rehabilitación. Salió siendo otra mujer, recuperada. Conoció al papá del nene y arrancaron una relación de unos pocos años, hasta que se separaron. Desde entonces, recayó en ese oscuro submundo de las drogas.
Ese nene, que tiene seis años, está siendo criado por su abuela. Tiene vínculo con su papá biológico, que vive en Merlo, y está con psicólogo para salir adelante. Extraña a su mamá, naturalmente, y se angustia cuando toma el celular de su abuela y le escribe mensajes. “Hola, mami. ¿Cuándo vas a venir? Te extraño”, le pregunta. Desespera cuando la respuesta no llega. Llora. Sufre. Sabe que mamá está en el cielo, pero igual la espera.
Lorena quiere justicia. No puede superar la muerte de su hija. Se acercan las fiestas de fin de año y el dolor aún la atraviesa. Trabaja limpiando casas de familia y su marido, que no es el papá de Perla, es remisero. No reciben ningún tipo de ayuda del Estado para la mantención de su nieto, pero tampoco le importa. Sí le interesa que ese sistema que no protegió a su hija acelere los trámites para poder tener la tenencia definitiva del chiquito, a quien su padre biológico no puede llevarse consigo porque no tiene los medios para hacerlo.
No hay forma de aliviar semejante tragedia, pero sí hay manera de hacer algo más llevadero el tránsito por esta vida. Los resortes institucionales deberían accionarse pronto para que, al menos, Perla descanse en paz.
