En julio pasado, la rotura del motor de agua en el edificio de la calle Brandsen al 3300, en Ituzaingó, donde funcionan las Fiscalías Descentralizadas 1 y 2 del Departamento Judicial Morón. Por ese motivo, las oficinas debieron estar cerradas por más de 15 días y el trabajo presencial se mudó a la sede del Ministerio Público Fiscal, sobre la calle Colón al 200 del vecino distrito. También hubo asistencia de manera digital.
No fue el primer incidente que ocurrió en el inmueble, un lugar poco presentable para el desempeño de cualquier función, pero particularmente para recibir a familias víctimas del delito. Por eso la necesidad imperiosa de jerarquizar a la estructura atraviesa no sólo al Poder Judicial sino también a la política.
¿Hay posibilidades de hacer una mudanza? ¿Se va a reestructurar el edificio? El secretario de Gobierno de Ituzaingó, Mauro Lavagnino, reveló en conversación con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano por canal Somos, de Flow, que el intendente, Pablo Descalzo, gestiona con la Suprema Corte provincial la adquisición de un inmueble que permita arrancar de cero con un Polo Judicial.
“El intendente está en tratativas con la parte de Arquitectura de la Suprema Corte a los fines de poder comprar un inmueble. La propuesta inicial es lo compre la Corte, pero si no cuenta con los fondos suficientes, el intendente puso a disposición que tal vez compre el lote y ayudar en la construcción de del Polo Judicial en Ituzaingó”, adelantó el funcionario.
Un trámite en plena gestión
Según detalló Lavagnino, la administración comunal está siguiendo el avance de las tratativas “a diario”. Es decir, es una prioridad para el Municipio contar con una nueva estructura que permita concentrar no sólo el trabajo de las Fiscalías Descentralizadas 1 y 2 sino también el de la Defensorías Oficiales y los Juzgados de Familia, que son dos los correspondientes a Ituzaingó que todavía funcionan en Morón.
La infraestructura no es el único desafío que enfrenta la justicia provincial. En diálogo con Primer Plano Online en abril pasado, el presidente del máximo tribunal, Sergio Torres, insistió con su planteo de autarquía del Poder Judicial, es decir, con la posibilidad de que la justicia pueda disponer de su propio presupuesto y destinarlo a las diversas necesidades.
“Queremos tener una autarquía porque un verdadero Poder del Estado tiene que tener un mecanismo autonómico de decisión, de administración de recursos, que hoy no tiene. Entonces, no podemos administrar los pocos recursos con los que contamos”, insistió.
Recalcó, además, que el 92% del presupuesto provincial para el Poder Judicial se va en el pago de salarios, con lo cual la posibilidad de mejoras edilicias en infraestructura y la incorporación de tecnología siempre quedan postergadas.
