El titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, dictó la prisión preventiva del dueño de Sur Finanzas, Ariel Maximiliano Vallejo, a quien considera como jefe de una asociación ilícita que lavó activos y evadió impuestos. Junto al principal acusado hay otros 17 procesados en la mega causa penal y 9 personas jurídicas, todas vinculadas con el grupo financiero.
Según la resolución a la que tuvo acceso Primer Plano Online, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 “funcionó una asociación ilícita” encabezada por Vallejo que, a través de una quincena de sociedades, incorporó al circuito formal “las ganancias de la compra y venta de moneda extranjera realizada al margen de las normas cambiarias”.
Lo producido luego lo volcó “a la compra de inmuebles, vehículos y participaciones societarias”. Asimismo, la organización “utilizó una billetera virtual registrada como proveedor de servicios de pago” para hacer circular fondos a nombre de terceros. Entre otras cosas, Sur Finanzas fue sponsor de varios equipos de fútbol, tanto de Primera División como del ascenso, entre otros, el Deportivo Morón.
El origen de los fondos
La investigación ubicó el punto de partida en el Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una socia del grupo. El Banco Central detectó que la agencia superó su límite de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares.
En 2022 sus cuentas recibieron más de 4.040 millones de pesos, frente a ventas declaradas por 2.440 millones, y en 2023 casi 16.000 millones, sin que presentara declaración jurada. Cuando la agencia pidió su baja, a fines de 2022, los fondos salieron hacia las cuentas personales de sus socios y hacia sociedades vinculadas, que luego los reinvirtieron en el grupo.
La billetera virtual
El tramo de mayor volumen se desarrolló a través de Sur Finanzas PSP S.A., antes denominada Neblockchain S.A. Sólo en una de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de 1,73 billones de pesos entre enero de 2024 y octubre de 2025. La resolución judicial describe “usuarios sin capacidad económica, empleados del grupo y personas registradas con casillas de correo creadas en serie”, por cuyas cuentas circularon sumas que superaban los mil millones de pesos cada una, y en un caso los 39.000 millones.
El efectivo era trasladado y depositado por portavalores del grupo, uno de los cuales depositó por sí solo más de 1.846 millones de pesos, y la certificación de origen de fondos que la empresa presentó a un banco en abril de 2025 omitió casi 20.000 millones acreditados en enero de ese año.
Con esos fondos se compraron bienes pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias o de personas interpuestas. Entre ellos se encuentran un inmueble en un country de Canning por 500.000 dólares, seis unidades de un edificio de Adrogué por 600.000 dólares, un lote en Fincas de San Vicente por 400.000 dólares, la casa central del grupo en Adrogué y una flota de vehículos de alta gama.
“Una Ferrari California utilizada por Vallejo fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con la operación”, se detalla en la resolución que terminó con el procesamiento del financista.
La evasión tributaria
En principio, el magistrado tiene por acreditada la “evasión del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del Impuesto a las Ganancias de la billetera virtual por más de 12.200 millones de pesos”, además de las percepciones del Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios que esa empresa, como agente de percepción, dejó de practicar sobre los movimientos de cuentas de sociedades y de usuarios.
El monto investigado supera los 9.850 millones de pesos entre 2023 y 2025. El juez Rodríguez Ponte también procesó por la evasión a otras sociedades del grupo y del Impuesto a las Ganancias personal de la madre de Vallejo. Por último, por la apropiación de aportes previsionales retenidos a los empleados de Sur Finanzas Group S.A.
La situación de los imputados
–Maximiliano Ariel Vallejo fue procesado como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. El juez convirtió su detención en prisión preventiva, que cumplirá bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico de vigilancia, y trabó embargo sobre sus bienes por 40.000 millones de pesos.
–Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo y el contador Gerardo Salvador Carrozza fueron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, en su caso, por evasión tributaria, sin prisión preventiva. A quienes ocupan cargos de dirección o administración en las sociedades del grupo se les impuso, además, la prohibición de contacto con testigos y empleados y la obligación de presentarse periódicamente ante la Policía Federal.
–Otros siete integrantes de la estructura, entre ellos secretarias, personal administrativo, una asesora en normativa cambiaria y portavalores, fueron procesados como miembros de la asociación ilícita y, cuatro de ellos, también como partícipes del lavado. Un empleado que prestó su cuenta en la billetera fue procesado como partícipe secundario de lavado, y otros tres empleados, por encubrimiento agravado, por la eliminación de registros y equipos tras los allanamientos.
–Fueron procesadas además nueve sociedades: Sur Finanzas Group S.A., Sur Finanzas PSP S.A., Cluster Palace Beach S.A., Centro de Inversiones Concordia S.R.L., Ars Cambios S.A.S., Roma Inversiones S.A., Neocam S.A.S., Gestiones San Miguel S.A. y Sur Pagos S.A.
Medidas sobre el patrimonio
Los embargos dispuestos sobre las personas físicas y jurídicas suman 215.900 millones de pesos. El juez mantuvo además el secuestro con fines de decomiso de veinticuatro vehículos, trabó embargo preventivo sobre treinta y cinco rodados y trece inmuebles, y dispuso el embargo con fines de decomiso de otros bienes, el embargo de un depósito a plazo no declarado y de créditos hipotecarios, la tasación del equipamiento médico secuestrado y la búsqueda del adquirido por una de las sociedades.
En los allanamientos se habían secuestrado más de 123 millones de pesos, más de 116.000 dólares y otras divisas.
