Una investigación por extorsiones telefónicas permitió desarticular una banda que operaba desde el interior de la Unidad Penal 39 de Ituzaingó. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas dos hombres que ya se encontraban alojados en ese establecimiento penitenciario y que encabezaban la organización criminal.
El dato cuanto menos curioso de la causa es que uno de los acusados estaba próximo a cumplir su condena y tenía previsto irse en libertad mañana viernes. Ahora enfrenta un nuevo proceso penal que lo tiene como imputado y con una firme sospecha en su contra: cuando el personal policial irrumpió en su celda destrozó su teléfono contra el piso.
Según pudo confirmar Primer Plano Online con fuentes de la investigación, el caso se inició el 6 de octubre pasado, cuando un joven de 22 años denunció que recibía llamadas intimidatorias de un sujeto que lo acusaba de molestar a una trabajadora sexual. Durante las comunicaciones, el interlocutor lo amenazaba de muerte y lo presionaba para que entregara dinero.
¿Cómo había conseguido sus datos? Porque el muchacho ingresó a una página para adultos, en donde previamente debió colocar su información para identificarse. Después de ese trámite comenzó a recibir las comunicaciones, con la excusa de que había interferido en el trabajo de la chica y le hizo perder clientes. Todo mentira, por cierto.
Un peligro real y la denuncia de rigor
La víctima sintió un peligro real: una moto pasaba por la puerta de su casa de manera intimidatoria, con lo cual está claro que no sólo era una banda integrada por personas privadas de su libertad, sino que contaba con respaldo logístico desde afuera del penal. Por eso terminó realizando dos transferencias de $750.000 cada una mediante la plataforma Mercado Pago. Pero como las amenazas no cesaban, recurrió a la justicia.
Como el joven amenazado tiene domicilio en La Matanza, la causa recayó por fecha en la Fiscalía N° 20, a cargo de la fiscal Cecilia Pérez, que trabajó el expediente con personal de la DDI de ese distrito. Hubo entrecruzamiento de información digital y tareas de inteligencia, que incluyeron el análisis de perfiles en redes sociales, el rastreo de comunicaciones y otras diligencias encubiertas. El material recopilado permitió establecer que la estructura operaba desde la cárcel de Ituzaingó.
A partir del pedido hecho por la fiscal y la celeridad que debía tener la diligencia, la jueza Mary Mabel Castillo dispuso la realización de 4 allanamientos en total, de los cuales dos fueron en el penal de Ituzaingó y otros dos en domicilios particulares de ese distrito y de Merlo, que terminaron con las cuatro detenciones.
Quiénes son las 4 personas detenidas
Según precisaron los voceros consultados, los dos privados de su libertad que ahora suman una nueva causa a su prontuario son Bernardo Miguel Cárcano (38) y Damián Javier Albamonte (23), ambos alojados en la Unidad Penal 39. También fueron detenidas dos mujeres: Micaela Milagros Álvarez (29, vecina de Ituzaingó) y Gisella Sara Suárez (32, domiciliada en la localidad de Libertad).
Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron cuatro teléfonos celulares que ahora serán parte de las medidas de análisis para profundizar la investigación. El delito por el que serán indagadas hoy las dos imputadas y luego los dos sujetos que permanecen en el penal es el de extorsión. Para la justicia, de todos modos, la investigación no está cerrada: todo indica que hay más gente que forma parte de la organización delictiva.
