El Senado de la provincia de Buenos Aires aprobó con modificaciones la denominada Ley Ema, una iniciativa que se construyó a partir del caso de Ema Bondaruk, adolescente que se quitó la vida en agosto de 2024 luego de la difusión y viralización de imágenes íntimas sin consentimiento.
La norma promueve la creación de un programa provincial destinado a brindar herramientas a las instituciones educativas para fortalecer el derecho a una educación digital libre de violencias, promover la prevención y generar mecanismos de acompañamiento ante situaciones de violencia sexual y de género en entornos digitales.
Sin embargo, como la propuesta consiguió despacho por unanimidad en la comisión conjunta de Educación y Legislación General del Senado con modificaciones, ahora debe volver a su Cámara de origen para la sanción definitiva.
Laura Sánchez, la mamá de Ema, participó activamente de los debates en las comisiones de la Legislatura y destacó la importancia de transformar lo ocurrido con su hija en herramientas concretas de prevención y acompañamiento para las nuevas generaciones.
“La historia de Ema nos interpela como sociedad y como Estado. Ema nos guía como una brújula de trabajo y de objetivos colectivos, y se lo debemos casi en su totalidad a su mamá, Laura Sánchez, que convirtió su dolor en militancia”, indicó la senadora Laura Clark. En la misma sintonía, la senadora Mónica Macha destacó que le proceso de construcción de la norma en el que intervinieron distintas organizaciones, familiares y amigos de la joven.
Cómo define la Ley Ema a la violencia digital
El texto define como violencia digital a “toda acción, omisión o conducta cometida, instigada o agravada por el uso de tecnologías de la información y comunicación y cause daño físico, psicológico, sexual, económico, patrimonial o moral, incluyendo la difusión no consentida de material íntimo, el hostigamiento, la extorsión y la suplantación de identidad”.
La iniciativa establece herramientas concretas de protección, entre ellas, la posibilidad de ordenar el cese de hostigamientos también en el ámbito digital, prohibir el contacto por medios tecnológicos, disponer la eliminación de contenidos en plataformas y redes sociales, solicitar el bloqueo o restricción de acceso a sitios y garantizar la preservación de pruebas digitales y peritajes informáticos.
En la práctica eso sucede en varias resoluciones judiciales, pero a partir de su sanción definitiva quedará incorporada a la redacción de la Ley de Violencia Familiar (Ley 12.569), con un apartado específico. Según se argumenta en el texto, el objetivo es “permitir una intervención rápida, preventiva y eficaz frente a este tipo de violencias”.
