Una inquietud elevada por delegados de la Unión Tranviarios del Automotor (UTA) a las autoridades policiales habilitó una serie de controles dinámicos en los puntos marcados como de mayor conflictividad en la traza del Metrobús de San Justo. ¿El resultado? La detención de 4 personas, todas de nacionalidad peruana, con un total de 14 celulares robados en su poder.
El procedimiento se desencadenó luego de una serie de tareas investigativas realizadas por efectivos del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría Norte 1ª de La Matanza, que logró determinar que la organización delictiva actuaba de manera coordinada y cada uno cumplía un rol distinto para elegir a sus víctimas.
En rigor, lo que hacían era ir a esperar como cualquier otro pasajero la llegada del transporte público y, mientras aguardaban, mientras uno hablaba otro aprovechaba para cortar bolsos o carteras con un cúter y sustraer objetos de valor, en su mayoría los teléfonos. Los pungas luego se encontraban y caminaban para alejarse y evitar ser detectados.
Además, la táctica de manual: cada celular robado era desactivado de inmediato para impedir el rastreo. Los robos, según precisaron los voceros consultados, también ocurrían a bordo de los colectivos. Por eso la Policía implementó un rápido operativo cerrojo anoche al detectar la presencia de personas sospechosas que actuaban en conjunto en distintas paradas del Metrobús.
La decisión que tomó la justicia con los 4 imputados
Cuando intentaron identificarlos, los sujetos corrieron hacia un vehículo que los aguardaba en la intersección de Ruta 4 y Moldes, en donde el rodado fue interceptado por un patrullero. Cuando la Policía les solicitó la documentación y que muestren los elementos que tenían en su poder llevaban 14 teléfonos cuyo origen no pudieron justificar. Claro, habían sido robados.
El gran problema con el que se encontró la justicia es la falta de víctimas: no hay denuncias registradas en el sistema, con lo cual no hay delito formal que imputarles a los sospechosos, tres varones y una mujer. De ahí la trascendencia de realizar la presentación judicial o en comisaría para dar cuenta de este tipo de hechos.
Además, porque existe manera de rastrear los dispositivos, por más que estén apagados, y porque en caso de encontrarse en poder de los imputados un teléfono previamente denunciado ya ese tenedor queda sometido a proceso como mínimo por encubrimiento. La fiscal Alejandra Núñez, de la UFI N° 8 de La Matanza, les abrió una causa por averiguación de ilícito, secuestró los dispositivos y espera los informes de las compañías para ubicar a las víctimas.
