Bombazo en Moreno: la empresa Transportes La Perlita S.A. desistió de participar de la licitación por el nuevo sistema de colectivos que regirá en el distrito desde enero próximo.
A partir de esta determinación se complica sobremanera para el Municipio lograr cubrir las tres zonas en que quedará dividido el distrito que, válido es recordarlo, debe ser explotado por distintos operadores.
Además, el gremio Unión Tranviarios del Automotor (UTA) insiste con su señal de alarma por lo que suceda con los 800 trabajadores de la histórica firma: “peligra la paz social”, afirmó la entidad en un comunicado.
Como informó Primer Plano Online, la apertura de sobres con las propuestas formales está previsto que se realice mañana viernes 4 de septiembre desde las 10. A partir de ese trámite se empezará a saber qué empresas están en condiciones de enfrentar las exigencias que impone el Gobierno local para el sistema.
Los motivos del portazo de La Perlita
Mediante una nota entregada en Mesa de Entradas, la empresa lamentó la falta de flexibilidad del Municipio ante los distintos planteos realizados en torno al procedimiento. Sobre todo aquellos manifestados por una firma que forma parte de la vida y la historia de Moreno, que emplea 1300 trabajadores y que estaba dispuesta a continuar brindando el servicio.
“El actual pliego de licitaciones impone nuevas obligaciones, inversiones y riesgos que no guardan adecuada correspondencia con el régimen económico actualmente vigente. Se establecen mayores cargas para el futuro concesionario dentro de un sistema cuyo sostenimiento depende de un régimen tarifario y un esquema de compensaciones en el que la Intendencia Municipal nada determina”, especificaron en uno de los tramos más duros del escrito.
Si bien desde La Perlita reconocen que la organización de los servicios de colectivos “forma parte del legítimo ejercicio de sus atribuciones y de las decisiones de política pública que corresponden a toda autoridad”, en este caso cuestionan la falta de razonabilidad de los pliegos, donde la comuna “establece un conjunto de exigencias que comprometen seriamente la sustentabilidad de la operación del servicio y condicionan la posibilidad de formular una oferta empresarialmente responsable”.
“Una decisión política sobre un servicio público tan esencial para la vida de los vecinos no puede prescindir de la realidad técnica, económica y regulatoria sobre la cual necesariamente deberá funcionar el transporte”, enfatizaron desde la empresa, desde donde también subrayaron conceptos como “incertidumbre”, hablan de carencia de “criterios objetivos de evaluación”, y de falta de “seguridad jurídica”.
“No es posible pretender que el oferente comprometa su patrimonio, su estructura operativa, sus trabajadores y la continuidad de la prestación por un período prolongado sin contar, desde el inicio, con reglas suficientemente ciertas respecto de qué obligaciones deberá afrontar”, completaron desde La Perlita.
