140 familias de Ituzaingó perdieron su fuente de empleo a raíz del intempestivo cierre de la empresa Ascensores Cóndor, en una crisis que estalló para la firma en diciembre pasado cuando los trabajadores hicieron público su reclamo ante una situación que no daba para más. Ya venían desde hacía meses percibiendo sus salarios de manera irregular y el responsable de la planta directamente optó por desaparecer.
Aquella descripción original y estrictamente objetiva en torno a un conflicto que se circunscribía a lo laboral hoy suma un nuevo capítulo. Es que sale a la luz la otra verdad de lo que sucedió internamente en una industria de punta no sólo en el país sino también en Latinoamérica, que según una cotización judicial hecha en 2019 estaba -por entonces- valuada en 12 millones de dólares.
De todos modos, hay un responsable de la crisis que llevó al cierre de la empresa y tiene nombre y apellido: Juan Luis Sánchez hijo, heredero de su padre y homónimo del fundador de Ascensores Cóndor. En abril de 2019, un año después del deceso de su progenitor, fue nombrado administrador judicial de todo el acervo hereditario. Y ahí la histórica compañía inició su derrumbe según definen quienes conocen el proceso por dentro.
“Se cometieron varias irregularidades. A partir de 2023 tomamos conocimiento de que varios contratistas reclaman por sumas importantísimas que habrían pagado por ascensores que no fueron entregados. Esto viene de arrastre y causando un perjuicio enorme”, afirmó Dardo Milocco, exabogado de la firma y cuñado de Sánchez (está casado con una hermana del denunciado). Fue durante una entrevista con Adrián Noriega y Norman Díaz en el programa Primer Plano por canal Somos, de Flow.
Miles de dólares que no se sabe dónde están
Para tomar dimensión de los números en danza: fabricar un ascensor de la calidad de los que hacía esa empresa tiene un costo que puede variar entre los 25 mil y los 30 mil dólares. Según pudo recopilar Milocco en los distintos expedientes a los que pudo acceder, hay cerca de 200 productos que fueron cobrados por anticipado y nunca entregados. Léase, millones en moneda estadounidense.
Además, Juan Luis Sánchez enfrenta dos denuncias por estafas y otra por administración fraudulenta que tramitan ante la Fiscalía Descentralizada N° 2 de Ituzaingó. Una de esas presentaciones fue realizada por Adriana Susana Sánchez como coheredera damnificada y por su esposo –Dardo Damián Milocco– como acreedor de la sucesión.
Recién el pasado 7 de julio de este año, hace poco más de un mes y medio, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Morón resolvió, en el expediente principal de la sucesión, designar a un nuevo administrador judicial. Sin embargo, el contador nombrado, Gastón Adolfo Cavigliasso, todavía no confirmó si acepta hacerse cargo del trámite.
“Los reclamos son de varios frentes, y se fue sumando tanto que es imposible hacerle frente. Nunca se nos informó en qué situación estaba la empresa, fundamentalmente a los herederos. Hay 140 familias incluso que perdieron su trabajo”, reflexionó Milocco, que también cuestionó los tiempos que le fue dando la justicia a Sánchez frente a las múltiples medidas solicitadas.
“Nosotros hicimos reclamos indicando que no se estaban rindiendo cuentas como correspondía, presentamos escritos y documentación en el Juzgado que por alguna razón se apelaba y con algún vericueto terminaba en la Cámara de Apelaciones y ganaban tiempo. Eso se convirtió en 8 años y en el cierre de la empresa”, describió el letrado.
Sánchez ya sabe que está involucrado en varias causas judiciales, fijó un domicilio y está a disposición de la justicia. No sólo en Ituzaingó: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene cerca de 30 expedientes abiertos por no haber entregado en tiempo y forma los ascensores que le compraron. Sin embargo, el número de 200 fue aportado por trabajadores del lugar, que son los que, en definitiva, pusieron su fuerza y capacidad para la fabricación.
La crisis que reveló Primer Plano Online en diciembre pasado
Hace más de 50 años que Ascensores Cóndor era una marca registrada en el rubro. Ubicada en la calle Miravé al 1400 de Villa León, en Ituzaingó, la firma se consolidó durante décadas como una de las más pujantes en la región: llegó a tener una plantilla con 180 empleados y a producir cerca de 30 elevadores al mes.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte la firma comenzó a decaer. No sólo en producción sino también en cantidad de empleados. Y particularmente en 2025 el drama se agigantó: sin insumos, la planta es un lugar vacío, lúgubre, silencioso, que no tiene actividad. Así se llegó a la baja definitiva de sus persianas.
Jorge Bazán fue durante una década delegado de la UOM Morón en la empresa, en la que cuenta con 18 años de antigüedad. La autoridad moral que otorga el paso del tiempo le da a su opinión una pizca conmoción interna al rememorar viejos tiempos. “Cuando entré se vendían casi 30 ascensores al mes, esto era una mina de oro. Después se separaron los socios y se fue cayendo. Ahora hace 4 meses que no cobramos”, graficó en ese entonces.
El trabajador planteó también que “no va más la paciencia: se hicieron acuerdos de retiros voluntarios que no se cumplieron”. “Si tienen que bajar la persiana que la bajen de una vez porque esto así no va más, porque es estirar una agonía”, enfatizó visiblemente compungido.
