El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires respaldó la posibilidad de que productores agropecuarios financien y ejecuten obras de mantenimiento en caminos rurales, una alternativa que comenzó a ganar terreno en distintos Municipios ante el deterioro de la red vial.
Sin embargo, la entidad advirtió que estas intervenciones “solo podrán concretarse” si cumplen con la legislación vigente y son proyectadas y dirigidas por profesionales matriculados para evitar riesgos hidráulicos, ambientales y legales.
El presidente del Colegio, Jorge Castellano, sostuvo que la participación privada puede convertirse en “una herramienta válida” frente a la escasez de recursos públicos, aunque remarcó que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”. En ese sentido, afirmó que cualquier obra debe realizarse con planificación, estudios previos y dentro del marco normativo.
Entre las principales preocupaciones de la institución figuran las consecuencias que podrían generar intervenciones realizadas sin respaldo profesional. Señalan, por caso, que modificaciones en cunetas, pendientes o escurrimientos naturales del agua pueden provocar daños en establecimientos vecinos, afectar el funcionamiento de las cuencas y derivar en responsabilidades legales tanto para los propietarios como para los Municipios que autoricen los trabajos.
Procedimientos a respetar
Castellano explicó que cada camino rural requiere un análisis específico que contemple aspectos hidráulicos, características del suelo, alcantarillas, tránsito previsto y condiciones de uso. “No todos los caminos tienen las mismas necesidades. Cada caso requiere un proyecto específico”, señaló.
La normativa vigente (Ordenanza General 165/73) establece la obligatoriedad de realizar estudios técnicos, presentar proyectos, contar con dirección profesional y obtener las aprobaciones correspondientes antes de iniciar cualquier intervención, independientemente de quién financie la obra.
La entidad también cuestionó las prácticas tradicionales de mantenimiento basadas únicamente en el uso de motoniveladoras. Según indicó Castellano, ese tipo de intervenciones “suele ofrecer soluciones de corta duración” que incluso pueden agravar problemas hidráulicos si no responde a una planificación integral que contemple la durabilidad de las obras y facilite su mantenimiento futuro.
Finalmente, el Colegio sostuvo que la participación del sector privado puede convertirse en una oportunidad para ampliar la inversión en infraestructura rural y liberar recursos públicos para otras zonas con menor capacidad económica. No obstante, advirtió que el éxito del modelo “dependerá de que los Municipios exijan el cumplimiento de las normas técnicas y la intervención de profesionales habilitados para garantizar obras seguras, eficientes y sostenibles”.
