Red Argentina Salud: la justicia de Garantías de La Matanza dispuso la prisión preventiva de los 5 principales sospechosos de haber organizado una estructura clandestina para ofrecer servicios sanitarios a particulares e instituciones, mientras la Fiscalía sumó alrededor de 50 denuncias al expediente de escuelas, gremios y profesionales que se consideran víctimas de la estafa.
La decisión fue adoptada por el juez Rubén Ochipinti, a cargo del Juzgado de Garantías N° 3 de ese Departamento Judicial, a raíz del pedido realizado por el fiscal que investiga el caso, Fernando Garate, de la UFI Descentralizada N° 1 de Laferrere, y recayó sobre el cerebro de la organización, Alberto Santarceri; su concubina, Noelia Sofía Luna; Brian y Nicolás Santarceri; y Gabriel Musse.
En todos los casos, la justicia les imputa una serie de delitos con distintos montos de pena, aunque el más grave es el de asociación ilícita agravada, que tiene una pena en expectativa de 8 a 20 años de prisión. También enfrentan cargos por ejercicio ilegal de la medicina, usurpación de título y falsificación de documentos por un total de 14 hechos.
El tema es que, una vez que el caso tomó estado público, se sumaron nuevas presentaciones al expediente en trámite. “Se incorporaron muchos testimonios de médicos que se sintieron afectados porque se enteraron que sus sellos habían sido secuestrados: tenían más de 80 en su poder los integrantes de la organización”, precisaron voceros de la investigación.
Más denuncias por usurpación de identidad
La justicia intenta reunir toda la documentación, porque no solamente se realizaron esas denuncias en la provincia de Buenos Aires sino también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la misma sintonía, establecimientos educativos públicos, privados y sindicatos que contrataron los servicios de emergencia de Argentina Salud también se sumaron como eventuales damnificados.
Como sea, la voluminosa causa sigue sumando capítulos. De hecho, el Ministerio de Salud bonaerense, en tanto autoridad de aplicación y control, dispuso la clausura de todos los centros de la red y su custodia permanente para evitar que los locales sean intrusados o vuelvan a operar. En cuanto a lo judicial, se espera para las próximas horas nuevas indagatorias a los acusados: es que ahora de los 14 hechos iniciales ya son más de 50.
A la querella, además, se sumó el reclamo hecho por Lucas Damián Navarro, cuyo padre falleció tras ser atendido en la clínica perteneciente a la red. “Está bajo investigación. Restan pericias médicas para poder determinar si hubo alguna irregularidad en su asistencia o murió por otros motivos”, completaron los voceros.
Una cirujana plástica, la punta del iceberg
Como informó Primer Plano Online, todo comenzó a principios de enero pasado, cuando la doctora R.N., cirujana plástica que tiene su consultorio en Palermo, recibió una citación para ser testigo en un juicio por un siniestro vial que terminó en una causa por lesiones culposas en La Matanza. La convocó una compañía de seguros para dar explicaciones sobre la intervención que realizó en un paciente que resultó ser víctima en el hecho.
Sin embargo, la mujer jamás trabajó en ese distrito. Por lo tanto, alguien le había usurpado el título y la identidad, por lo que decidió radicar la denuncia de rigor. Lo primero que pudo constatar el fiscal Garate es que el centro desde el cual se emitió el comprobante de una supuesta prestación médica era Argentina Salud, una organización de consultorios que arrancaron después de la pandemia (en 2022) con un local en Virrey del Pino y luego fueron expandiendo su alcance geográfico, siempre en La Matanza.
A medida que avanzó con el caso, la justicia contactó a un ex trabajador de la red, quien declaró y contó cómo era la operatoria. Según pudo saber Primer Plano Online, los ahora imputados y detenidos usaban sellos de médicos cuyos datos eran obtenidos de manera apócrifa de páginas de acceso público. ¿De dónde obtenían los datos? Se la página del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino (SISA).
Tan simple como eso. Tan indignante como eso. “Esa persona renunció al comprobar cómo operaba la organización. Con suerte tenían un médico, pero el resto eran estudiantes o enfermeros que atendían a la gente y los sellos de lo que recetaban y diagnosticaban eran truchos, de profesionales que nada tenían que ver con esa atención”, detallaron voceros de la pesquisa.
