“Mis hijos crecieron de golpe. Mi situación de salud les robó sus infancias”. María Florencia Pereira tiene 53 años, es vecina de Ituzaingó y vive un verdadero drama desde hace casi dos décadas. Un cáncer de útero diagnosticado por error, la posterior histerectomía (cirugía para extirparlo) y una fístula besico-vaginal de casi 5 centímetros derivaron en una infección generalizada que padece hasta hoy día.
Aquella secuencia se inició por hemorragias que padecía la mujer después de su último parto. Una consulta en el Instituto Médico Central (ahora Sanatorio del Oeste) y la certeza expresada por su médico, el ya fallecido ginecólogo y obstetra Néstor Mattarolo, quien trajo al mundo a sus 4 hijos. “Todo esto es un caso de mala praxis que comenzó con el diagnóstico errado que él me dio”, afirmó María Florencia en conversación con Primer Plano Online.
Desde entonces ella atravesó más de 30 operaciones y hasta sufrió la extirpación del colon, por lo que estuvo más de un año con bolsa de colostomía. Además, una falla multiorgánica provocada, entre otras cosas, porque la orina se le desparramó por el cuerpo: tenía la vejiga pinchada. Ya sin fuerzas por tanto tratamiento errático, la vecina llegó al Hospital Británico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “ahí me salvaron la vida”, enfatiza cuando se refiere al equipo de profesionales que la recibió y lleva su caso. Fue un urólogo masculino quien la mandó a ese nosocomio.
Hace 12 años, María Florencia contó su historia al canal Todo Noticias
Pero el drama de María Florencia, además de ser clínico, es humano. Es que su situación sanitaria amerita una cantidad de medicaciones e insumos médicos que son indispensables para evitar el dolor. Ella es una paciente crónica, tiene certificado de discapacidad y hace un lustro que vienen peleando con la empresa de medicina prepaga Bristol Medicine para que cumpla con la entrega en tiempo y forma de los productos.
El kit de morfina: “cada recarga es un suplicio”
María Florencia lleva en su organismo un dispositivo con morfina conectado a la médula que debe recargar cada 4 meses. “Es la única manera de soportar el dolor”, contó Martín, su esposo y compañero de vida y de lucha diaria. “Y esquivan darnos los medicamentos. Hace un mes lo debería haber recargado y la empresa evade las respuestas. Cada recarga es un suplicio”, aseguró el hombre.
El insumo es importado y, según la prepaga, “nunca llega”. Además, ella se hace cateterismos también para evacuar la vejiga, pero los catéteres para el procedimiento, aunque los plazos para la entrega están vencidos hace más de un mes. Para evitar un retroceso en su cuadro, la familia lo paga de su bolsillo, con ayuda de allegados que hasta hacen rifas para colaborar.
En paralelo hay una causa judicial que tramita en el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín, a cargo del juez Oscar Alberto Papavero, y la Secretaría N° 3, cuya titular es María Gracia González. “Le estamos pidiendo al juez que intime a la empresa para que cumpla en tiempo y forma con la entrega de los insumos, pero demora la respuesta. Le impusieron multas, pero ni así cumplen”, manifestó el marido de María Florencia. “Nuestro caso está parado en la nada misma”, sentenció.
La intimación a la empresa Bristol Medicine
La última presentación que realizó en el juzgado a través de su abogado, Nicolás Fermín Salazar, el matrimonio hizo saber que “la demandada no ha entregado ni un solo catéter correspondiente al mes de febrero”. Las órdenes médicas fueron “debidamente remitidas”, con vencimiento que ya obró el pasado 3 de marzo, “sin que se haya obtenido respuesta alguna más allá de la vaga manifestación de que ‘no saben en qué estado se encuentra la orden’”.
Asimismo, “no he podido realizar la recarga de morfina, toda vez que la demandada no ha entregado ni las ampollas ni el kit de recarga, alegando improcedentemente que ‘las ampollas deben ser suministradas por el Hospital Británico’, extremo que jamás fue así ni surge de la medida cautelar dictada en autos”. Y, como si eso fuera poco, ese kit fue autorizado para el Sanatorio Colegiales, donde jamás María Florencia se atendió.
“La conducta de la demandada no constituye un mero retraso: configura un incumplimiento deliberado, sistemático y reiterado de una orden judicial vigente. Debe advertirse que hemos alcanzado el límite humano de la espera. Ninguna persona puede sostener indefinidamente el peso económico, físico y emocional de un incumplimiento que se prolonga por meses, es decir, la situación ha excedido también la capacidad de sostén de su núcleo familiar”, concluyó el letrado en su escrito, que todavía no obtuvo respuestas de la justicia.
Por eso pidió que el magistrado ordene trabar embargo sobre las cuentas bancarias de Bristol Medicine hasta cubrir las sumas adeudadas. Porque, además, María Florencia y Martín pagan religiosamente del 1 al 5 de cada mes la cuota correspondiente para la cobertura, que supera los 600 mil pesos. “Si no abonamos nos cobran intereses”, finalizaron.
