Enderecen los controles en la vía pública en La Matanza con operativos de saturación en distintos puntos estratégicos del distrito. A lo largo del fin de semana, efectivos de varias dependencias policiales trabajaron en conjunto e identificaron pasajeros de colectivos, ocupantes de autos y motos y hasta reuniones de jóvenes en plazas de la comuna.
El dato más saliente de los procedimientos es que dos menores de 14 y 15 años fueron interceptados por efectivos cuando intentaron huir ante la orden de detenerse. Al ser revisados se confirmó el motivo por el cual quisieron alejarse: tenían entre sus ropas una pistola calibre .9 milímetros con cargador, pero sin municiones en su recámara. Fue en inmediaciones del barrio Puerta de Hierro.
Lo llamativo del caso es que esa arma tenía su número de serie a la vista, y cuando los uniformados cruzaron los datos saltó que había sido robada en una vivienda en jurisdicción de la comisaría 5ª de San Alberto, a la que ingresaron delincuentes tras romper la reja de una ventana el 16 de abril de 2025.
Si fueron ellos quienes la sustrajeron es poco probable de confirmar, aunque sí eran sus portadores. Ambos quedaron a disposición del fiscal Marcelo Germinario, de la UFI N° 1 de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza.
Operativos de saturación
En cuanto a la saturación en sí los operativos se concentraron en el barrio Almafuerte (ex Villa Palito) y en los complejos del barrio Villegas. Hubo más de 180 personas identificadas, junto a un centenar de autos y 130 motos, de las cuales 34 terminaron incautadas por diversas irregularidades en su documentación para circular.
Dos sujetos fueron aprehendidos por tenencia ilegal de estupefacientes en cantidades que superan el consumo personal y otro por conducir una moto robada, con pedido de secuestro. En su caso quedó imputado por el delito de encubrimiento agravado.
En cuanto al transporte público, lo que se retomó es lo que se había decidido luego de la trilogía de crímenes de colectiveros que se inició con Pablo Alcaraz en 2018, siguió con Pablo Flores en 2020 y concluyó con Daniel Barrientos en 2023. Desde aquel momento las autoridades recurrieron a una serie de intervenciones estipuladas en el Código de Procedimiento Penal bonaerense, que autoriza las requisas cuando existe una orden de servicio previa.
Se trata del artículo 294, inciso 5, segundo apartado, que establece que “cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público”
En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros, cumplimentado lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso, que obliga a dar inmediata intervención al fiscal y al Juzgado de Garantías de turno.
