Promocionaba los videos en redes sociales bajo el rótulo de “el chico argentino de 10 años más caliente”, entre otras aberraciones más. La estremecedora causa contra Diego Rodrigo Santacruz (41), el policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que permanece detenido desde abril de 2025, fue elevada a juicio luego de que concluya la investigación que reveló una trama de abusos sexuales y comercialización de imágenes que el mismo imputado protagonizaba en un domicilio de Moreno.
Según pudo saber Primer Plano Online con fuentes judiciales, al momento de su detención le habían secuestrado un total de 12 videos de esas representaciones, reportados por Interpol luego de ser subidas a diversas plataformas digitales. Sin embargo, con el correr de la investigación y la apertura de los dispositivos tecnológicos secuestrados fueron muchas más.
Tal como se indica en el expediente, a cargo de la fiscal Erica Chiessi, de la UFI N° 7 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, fueron analizadas un total de 225.671 imágenes con contenido sexual explícito en donde las víctimas eran todas menores de edad. Y el protagonista es Santacruz, quien aparece con su cuerpo desnudo y mostrando su rostro.
Para la justicia está acreditado que, hasta mayo de 2024 -cuando fue denunciado- el imputado grabó, produjo y luego distribuyó material con contenido de abusos sexuales explícitos del que fueron víctimas al menos 6 menores de edad, cinco varones y una mujer. Uno de ellos es integrante de su núcleo familiar y al resto los contactó por redes sociales.
La condena a la que se expone el imputado
De las 262 páginas que tiene la elevación a juicio, la acusación puede leerse en cuatro de ellas. La extensión detalla los 19 hechos que le imputa la fiscal, que trabajó en la causa con las instructoras Graciela Celayes del Viso y Cecilia Villagra. Entre otras acusaciones figuran el abuso sexual gravemente ultrajante, la corrupción de menores y la producción, facilitación, distribución y comercialización de representaciones de menores de 18 años en actividades sexuales explícitas.
Por la sumatoria de hechos a juzgar, el acusado podría recibir hasta 50 años de prisión, el monto más alto estipulado por el Código Penal en la Argentina. Además, por el daño extendido que provocó en la psiquis de las víctimas, todas adolescentes en la actualidad y en tratamientos psicológicos prolongados. La evidencia probatoria contra el imputado es tan contundente que nada hace prever que pueda evitar una fuerte condena.
Desde un primer momento lo que impactó en este caso es que las imágenes eran tan evidentes que luego se constató que habían sido grabadas en medio de una situación de sometimiento a la víctima. Es decir, los investigadores no estaban frente a un sujeto que compartió videos o fotos sexuales de menores, sino que fue él mismo quien registró el momento en que atacaba a sus víctimas para luego vender el contenido producido y cobrar sin dejar rastros: con criptomonedas. Algo más espantoso difícil imaginar.
La causa se inició en febrero de 2025 y de inmediato la Fiscalía se contactó con la Oficina de Identificación de Víctimas de la División de Delitos Cibernéticos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Fue el familiar directo del acusado quien instó la acción penal cuando fue contactado por los investigadores y abrió el camino para descubrir al depredador sexual, que hasta horas antes de ser detenido formaba parte del plantel de policías de la comisaría de Villa Devoto.
La Justicia de Garantías libró la orden de allanamiento a una vivienda en la que se había radicado Santacruz, en el barrio Santa Brígida de General Rodríguez, en donde secuestraron un arma de fuego ilegal, se constató que era el lugar en el que se grabaron varios de los videos y se secuestraron también objetos sexuales. El procedimiento en la finca fue supervisado por el comisario a cargo de la dependencia en que el imputado prestaba funciones.
