El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires dispuso la sanción a las empresas de servicios de comunicaciones Telecentro y Directv con una multa de $167 millones para cada una.
Asimismo, ordenó ambas compañías arbitren los medios a fin de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de rescisión de las y los consumidores, mediante el mismo medio utilizado para la contratación, sin requerir trámites adicionales e incurrir en dilaciones injustificadas.
La decisión fue comunicada por la Dirección Provincial de Defensa de los Derechos de Consumidores, organismo que detectó “reiterados incumplimientos” a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.
El Estado Provincial sancionó y multó a DirecTV y Telecentro por vulnerar los derechos de las y los consumidores.
— Defensa de las y los Consumidores Provincia BA (@ConsumidorPba) December 17, 2025
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Entre otros ejemplos enumeraron la dificultad para concretar la baja del servicio (tanto de manera presencial, telefónica o por mensajería instantánea) y la no operatividad del ‘Botón de Baja’ en las webs institucionales como un link de acceso fácil y directo y la imposición de preavisar y/o de abonar periodos completos.
Más de 1200 denuncias en total
Según se detalló, el trabajo efectuado se basó en aproximadamente 800 denuncias contra Telecentro, que se ubica como una de las que mayores quejas acumula en territorio bonaerense, y otras más de 420 contra DirecTV.
“Estas políticas públicas buscan garantizar equidad, transparencia y respeto, y defender especialmente a quienes están en una posición más débil frente a prácticas abusivas. Es una decisión política clara del ministro Augusto Costa ponerse del lado de las y los consumidores bonaerenses”, afirmó Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones.
El elemento central de ambas multas fue la confirmación de que las empresas “generaron prácticas sistemáticas de obstaculización” para concretar la baja del servicio solicitada por consumidores. En otras palabras, “dificultaron el trámite mediante derivaciones infructuosas entre canales” (web, WhatsApp, teléfono), respuestas automáticas que redirigen a “canales inoperantes” y “largos tiempos de espera”.
Además, las autoridades bonaerenses detectaron la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión en las cuales se impedía dar de baja el servicio si las personas usuarias poseían deuda. Para la Provincia, eso configura un “trato vejatorio” que imposibilita el ejercicio de derechos de usuarios y consumidores.
Las empresas ya fueron notificadas y tienen un plazo de 20 días para acreditar las modificaciones ordenadas y el pago de la multa. Para denuncias, contactarse a [email protected]
