La justicia suspendió el procedimiento de consulta pública dispuesto por el Gobierno para definir el nuevo esquema tarifario del transporte público. Con esta decisión queda interrumpida la determinación de la Secretaría de Transporte, que publicó en el Boletín Oficial el cronograma de aumentos de pasajes para trenes y colectivos que empezaría a regir en febrero venidero.
El fallo firmado por el juez Ernesto Kreplak, a cargo del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N°3 de Lomas de Zamora, fue en respuesta a un planteo realizado por el intendente de Esteban Echeverría, el peronista Fernando Gray. La medida judicial tiene como fundamento en que falta de un “adecuado procedimiento” de la participación ciudadana para establecer los nuevos valores de los boletos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
EL FALLO JUDICIAL COMPLETO
“No resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que, a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”, expresa el comunicado presentado por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora.
La Resolución 1/2024 de la Secretaría de Transporte, publicada el viernes 19 de enero, había establecido un plazo de tres días hábiles administrativos para que las personas interesadas presenten sus opiniones y propuestas a través del sitio web del organismo. En su presentación, Gray había rechazado el mecanismo porque “anula cualquier instancia de intercambio y debate, y convierten la audiencia en un posteo de redes”. “No se puede encarar un proceso que afectará el ingreso de millones de familias a espaldas de la ciudadanía”, enfatizó el jefe comunal.
El recurso judicial también apuntó a “la falta de información pública adecuada y la ausencia de tiempo necesario para evaluar el nuevo cuadro tarifario”, con la perspectiva de efectuar un análisis previo pormenorizado de los antecedentes de las tarifas. “Eso afecta el ejercicio pleno del derecho de participación y defensa de las usuarias y los usuarios”, señaló el intendente.
A partir del fallo del juez Kreplak, la suspensión será por el plazo de cinco días, tiempo durante el cual se deberán adoptar las medidas tendientes a garantizar los derechos enunciados, readecuando el procedimiento de participación ciudadana. La medida judicial también establece que el Gobierno deberá ser notificado “una vez finalizada la feria”. A partir del 1 de febrero, entonces, el Ejecutivo dispondrá de cinco días para contestar la demanda.
