“El golpear puertas ya no nos alcanza. No nos atienden, todo se estira y ya entramos en una guerra”. Claudio Rodríguez es el papá de Zaira. Su hija fue asesinada de un disparo en la cabeza en un intento de robo a manos de dos motochorros condenados a perpetua.
Es el principal promotor de la fundación que lleva el nombre de su hija, con la que se propone tender una mano a otras personas que atraviesan por un duelo que lo acompañará por siempre. “Seguimos en la lucha porque queremos un cambio”, afirma para invitar a la marcha que llevarán adelante el próximo martes 18 de abril desde el Congreso Nacional hasta Plaza de Mayo.
“Por nuestros derechos y los de nuestras víctimas”, es el lema de la convocatoria que encabezará junto a otras organizaciones creadas bajo el mismo fin. “Hacemos amistades nuevas, lloramos junto a otros porque es la gente que te entiende. Sobre todo porque no tenemos respuestas frente a los planteos más que una palmada en la espalda, que la tengo recontra hinchada”, agregó Claudio durante una entrevista con Adrián Noriega en la emisión semanal del programa periodístico Primer Plano por el canal Somos, de Flow.
A su lado estaban Rubén Carballo, papá de un joven de 17 años que murió 23 días después de haber recibido una brutal golpiza a la salida de un recital de la banda Viejas Locas en el estadio de Vélez en 2009. Aquella noche, personal de la Policía Federal reprimió a centenares de fanáticos que habían ido a ver al grupo y el muchacho quedó tirado en el predio del club Ferroviario, al lado del lugar del espectáculo.
Su hijo estaba “irreconocible” y un médico le sugirió que haga la denuncia, porque una tomografía computada arrojó como resultado que el joven tenía triturados parietal derecho e izquierdo. La investigación sufrió ocho cambios de fiscales y la causa quedó impune por “las trampas judiciales que hay”, según explicó.
El asesinato de su hijo se asemeja con un emblemático hecho de Walter Bulacio, víctima de la mano dura policial en ese caso tras un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. “Usted no sabe lo que pasamos nosotros las víctimas. Ellos tienen todo armado: está todo corrompido. Es una gran familia un sector del poder político, judicial y policial”, agregó Rubén, vecino de Virrey del Pino.
Lo acompañó su otro hijo Nahuel, que con siete años salió a las calles con pancartas pidiendo justicia por la muerte de su hermano. Pero su reclamo no era sólo por eso: le habían sacado a su ídolo, el que le enseñaba a jugar, el que le marcaba el rumbo mientras crecía. “Es lamentable a nivel psicológico. Te pega un montón. Es horrible pasar las fiestas con una persona menos de la familia en la mesa”, manifestó.
A eso Claudio Rodríguez lo denominó como “un dolor que no tiene reparación, que no se va nunca más”, y con el que aprenden a convivir. En definitiva, familiares que son las únicas personas condenadas a la pena perpetua de nunca más tener a su ser amado consigo. Por eso marchan: por una sociedad en la que se termine la violencia y el Estado pueda reparar algo del daño que no pudo evitarles a las víctimas, esas que ya no están.
