El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se sumó a las voces de la política que salieron a rechazar la ratificación de la condena al exvicepresidente Amado Boudou por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Amado Boudou debe tener la misma cantidad y calidad de derechos que cualquier ciudadano. La Corte no puede desconocer que es un proceso plagado de nulidad. Sin juicios justos es imposible que la sociedad pueda confiar en el Poder Judicial”, señaló el mandatario en su cuenta de Twitter.
Amado Boudou debe tener la misma cantidad y calidad de derechos que cualquier ciudadano. La Corte no puede desconocer que es un proceso plagado de nulidad.
Sin juicios justos es imposible que la sociedad pueda confiar en el Poder Judicial.— Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) December 4, 2020
Este mediodía, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, fue el primer funcionario en expresarse sobre el tema, y habló de «un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades» y reclamó «juicios justos», también por la red social del pajarito.
«Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades», publicó. «Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar», cerró.
Hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar.
— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) December 4, 2020
Ayer jueves, los cinco miembros del máximo tribunal de justicia declararon “inadmisible” el recurso de queja que presentó la defensa de Boudou al negársele el recurso extraordinario ante la Corte, última instancia del sistema de justicia.
El exvicepresidente, junto a otros imputados, fue juzgado por el Tribunal Oral Federal 4 por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública y condenado a cinco años y diez meses de cárcel.
