Ya es ley la creación de un Régimen de Protección a las Víctimas de Delitos, un proyecto motorizado desde hace años por personas que sufrieron hechos gravísimos de inseguridad en persona o que padecieron sus familias. Ese colectivo hace unos meses se constituyó bajo la consigna ‘Para que no te pase’ y reclamó al Congreso nacional que avance con la norma, presentada originalmente por el Frente Renovador aunque sufrió en el trayecto varias modificaciones y finalmente fue votada por unanimidad.
“Fue un logro conjunto, principalmente de los familiares de las víctimas y las propias víctimas, que hicieron mucha fuerza para que esta ley salga. Y hubo un compromiso político de varios bloques. Me parece que en estas cuestiones, que nos interesan a todos, no hay grieta y la dirigencia política las asume con la responsabilidad que hay que tener”, señaló el juez Fernando Bellido, integrante de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial de Morón en conversación con el programa periodístico Primer Plano Recargado. Desde su rol judicial, el magistrado fue uno de los fervientes defensores de la ley.
La iniciativa que ya es ley y deberá ser reglamentada por el Poder Ejecutivo para ser puesta en vigencia plantea la creación de Centros de Protección y Asistencia a las Víctimas en todo el país y establece que quienes sufran delitos tienen que ser notificados sobre las excarcelaciones, los permisos de libertad condicional o las salidas transitorias que se le otorguen a los condenados y acusados.
También habilita a la víctima a constituirse como querellante, y se crean centros de Asistencia y Protección abiertos las 24 horas, que en esos casos deberían hacerse cargo del patrocinio legal gratuito hasta la finalización del proceso y el agotamiento de la pena. A su vez, la autoridad interviniente quedaría obligada a notificar a las víctimas sobre todas las resoluciones tomadas durante el proceso. Y quienes hayan sufrido el hecho delictivo podrían pedir la revisión de esas actuaciones.
“En los temas en los que hay consenso hay que trabajar rápido y no perder el tiempo. Esta ley es un puntapié, que nos permite poner a la víctima como base fundamental de una sociedad. Eso implica asumir y reconocer que tenemos muchas víctimas por las cuales tenemos que hacer algo”, concluyó Bellido.
La principal modificación que fue introducida por el Senado a la iniciativa aprobada en Diputados es la creación de la figura del defensor público de víctimas, cargo que ocupará un magistrado por cada provincia y la Ciudad de Buenos Aires, 24 en total. Además, habrá 123 prosecretarios y secretarios letrados que pasarán a ser nombrados con el cargo de defensores coadyuvantes, a las órdenes de los 24 defensores públicos de las víctimas.
