El robo de un teléfono iPhone de última generación en el boliche Club Leloir derivó en un escándalo de proporciones cuyas esquirlas aún continúan. Como publicó Primer Plano Online, la víctima fue la hija del juez penal de Morón Carlos Torti, quien en conversación con este medio se había quejado de la investigación realizada por la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó. Y apuntó contra dos familias que, en su interpretación, pusieron a la venta el equipo en redes sociales.
Agustín P. y Lola P., menores de edad, son pareja. La chica es que ofrecía el dispositivo en su cuenta de Instagram y su novio compartió la historia. Amigos de la joven a la que le hurtaron el celular vieron el posteo y le avisaron rápidamente a los Torti, porque vincularon esa propuesta con el delito padecido por la adolescente. Toda esa secuencia fue narrada en el artículo anterior. Pero ahora las familias de las personas involucradas pidieron derecho a réplica. Y lo tienen, como corresponde.
Si bien Primer Plano Online no nombró los apellidos por tratarse justamente de menores, las familias de la pareja quisieron dar a conocer su punto de vista sobre lo ocurrido, con la documentación que acredita que el teléfono que pusieron a la venta no era robado sino que lo había comprado Lola P. en Miami, que retornó al país un día antes de la fiesta en que le robaron el celular a la hija del juez Torti.
Además, aclararon que todo lo expresado en la charla con este medio fue presentado con los papeles a la fiscal Gabriela Millán, de la Fiscalía Descentralizada Nº 1 de Ituzaingó, precisaron que el único objetivo de salir a hablar es limpiar el nombre de Agustín y Lola, que están siendo acusados de “ladrones” en redes sociales, y que el único interés que persiguen es que el magistrado se disculpe con la chica y el chico.
Durante más de media hora de conversación, el martillero Fernando Pappacena (papá de Agustín) y Paul Perasso (padre de Lola) destacaron que “los indicios esgrimidos por la familia Torti son falsos” y precisaron que “lo único cierto es que Lola, la vendedora del teléfono, vive en Altos del Sol y que fue a una fiesta de egresados, pero del resto, nada es real”. Es más: ambos aseguraron que la pareja de adolescentes está siendo amenazada por la viralización de mensajes por redes sociales como WhatsApp.
“La que subió la historia con la venta del equipo fue Lola, que había llegado de viaje el día anterior a la fiesta de egresados. La nota dice que se publicó un equipo de 128 gigas y que la caja decía que era de 256, cosa que es falsa. Lo que se puso a la venta era un equipo de 256, comprado con tarjeta de crédito y con seguro. La cifra de lo que se pagó el celular tampoco es real: está la factura de compra”, describieron Pappacena y Perasso.
Según argumentaron los padres del chico y de la chica, tal como publicó Primer Plano Online en su momento la fiscal Gabriela Millán había desestimado que se tratara del celular robado. Sin embargo, a partir de que se publicó el hecho decidieron presentarse en la Fiscalía para evacuar todas las dudas que pudieran existir. “A nuestra óptica, el trabajo de la fiscal fue impecable”, afirmaron.
“El único objetivo que perseguimos es una disculpa hacia los menores. Acá como mínimo hubo imprudencia de parte del doctor Torti. Es raro, por el cargo que ejerce, que use recursos en favor propio contra dos menores, que lo único que hicieron es poner a la venta un celular que uno de ellos fue a Miami a comprar y es similar del de la hija del magistrado. Lamentamos lo que le pasó a la chica, que en definitiva es algo que pasa todos los días, pero no siempre con la misma repercusión”, se explayaron.
En el caso del martillero Pappacena, explicó que su hijo “lo único que hizo fue resubir la historia de su novia para ayudarla a la venta del teléfono, algo habitual cuando las cosas se hacen de buena fe”. Perasso, por su parte, fundamentó que llevó a la dependencia judicial “el pasaje de vuelta, la factura hecha en Apple y el número de imei del equipo”.
Ambos subrayaron que “los chicos quedaron señalados porque esta situación se viralizó y los acusaron de ladrones, y no sabemos cuáles pueden ser las consecuencias”. Y reflexionaron también que los escraches públicos “no sabemos quiénes son los que los ejecutan, pero suponemos que no tienen que ver con la familia Torti”.
Los padres también hicieron entrar en colisión otro dato que dejó plasmado el juez en su denuncia, y es que el teléfono desapareció entre la 1 y la 1.30 de aquella madrugada y su último impacto encendido fue a la 1.50 sobre la avenida Martín Fierro al 4000. A esa hora, la pareja estaba en el interior del boliche, a la vista de sus padres. Y a la 1 avisaron dentro de Club Leloir lo avisaron por los parlantes, pero Lola y Agustín estaban dentro de la fiesta a esa hora.
Perasso indicó también que le resultó muy extraña la conducta de la hija mayor del juez Torti, quien se presentó en el barrio cerrado Altos del Sol en el que vive con su hija (Agustín no habita allí sino que vive en Castelar) para hacer supuestamente la compra del teléfono que, estaba convencida, era el que le habían robado a su hermanita. “Luego de que me lo quiso sacar de las manos me acerqué hasta ella para tomar una foto del vehículo en el que vino a la puerta de mi casa y salió a alta velocidad. Y me quedé pensando en eso, porque además es todo un invento lo que hicieron”, señaló. De ahí deriva su llamado al 911, porque sospechó que le quisieron robar.
“Si el juez o la familia hubiera querido en serio cotejar el origen del teléfono se hubiera contactado conmigo y podríamos haber conversado como personas adultas y se podría haber aclarado sin más”, cerró el martillero Pappacena, no sin antes contar una paradoja del destino: el comprador del teléfono, que autorizó a hacer público el dato pese a que se trata de una transacción privada, fue el exfiscal de La Matanza Marcos Borghi, quien ahora se dedica la asistencia legal como abogado particular.
Borghi también fue contactado por los padres de Agustín y de Lola y realizó una presentación espontánea en la Fiscalía de Ituzaingó para mostrar toda la documentación del celular y ponerlo a disposición para los peritajes de rigor.
