Una falsa amenaza de bomba alteró la mañana de la comunidad educativa del colegio Sofía Barat de Castelar. La justicia ya investiga el origen de la comunicación, que duró pocos segundos y advirtió sobre la presencia de un artefacto que estaba por detonar en el establecimiento.
Como es protocolo en estos casos, autoridades, docentes y auxiliares coordinaron el traslado de chicos y chicas a un lugar seguro alejado del edificio escolar.
Mientras trabajaron en el lugar personal de Tránsito del Municipio para cortar las calles y permitir la rápida evacuación, mientras la Brigada de Explosivos recorrió la escuela junto con personal de Bomberos de Morón y de Defensa Civil. Una vez concluido el procedimiento pudieron volver a clases quienes no fueron llevados por padres y madres.
“El resultado fue negativo. Otra vez un llamado intimidatorio falso”, reflexionó un investigador consultado por Primer Plano Online. Es importante aclarar que, lejos de ser un chiste o una avivada para faltar a clases -como de detectó en causas judiciales- o de un intento por sembrar pánico, se trata de un delito contemplado en el Código Penal: intimidación pública.
Entre varios ejemplos, en 2019 un joven que había realizado falsas amenazas de bomba en escuelas de Morón fue obligado por la justicia a abonar la suma de 60 mil pesos para resarcir los gastos que su accionar le provocó al Municipio.
La medida de castigo para el joven que realizó las amenazas fue tomada por la jueza Graciela Angriman en la sede del Juzgado en lo Correccional Nº5, bajo el marco de una causa cuya carátula fue intimidación pública reiterada en tres oportunidades.
La magistrada suspendió el proceso a prueba que recaía sobre el imputado, bajo la condición de que el muchacho abone 60 mil pesos en concepto de perjuicios, realice labores comunitarias en un club de barrio y otorgue al Estado un teléfono móvil y una laptop importadas.
