“Nosotros insistimos a los policías a que metan presos a los delincuentes, pero cuando los arrestamos tenemos un problema: no sabemos dónde meterlos. Encima, si seguimos acumulando detenidos, viene la amenaza de que somos denunciados”.
La definición pertenece a un jefe policial que pidió reserva de su identidad por cuestiones obvias. Integra la cúpula de uno de los departamentos judiciales que cuenta con mayor cantidad de personas privadas de su libertad en territorio bonaerense. Sus palabras grafican como pocas otras cosas lo que sucede en el fenómeno carcelario: cada vez hay más delitos y menos lugares para alojar detenidos.
Un informe elaborado por la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires lo expuso con nitidez: la superpoblación, que deriva en hacinamiento, alcanza el 269 por ciento. Esto es: sobre 2.030 cupos en las dependencias policiales, actualmente hay detenidas 5.474 personas.
https://www.primerplanoonline.com.ar/wp-content/uploads/2020/08/SUPERPOBLACION-EN-COMISARIAS-PROVINCIA-DE-BUENOS-AIRES-TOTAL-PROVINCIA-EN-PDF.pdf
¿Cómo entran? ¿Dónde entran? ¿Cuáles son las consecuencias de semejante amontonamiento de gente? Preguntas que nadie responde y que involucran a los tres poderes del Estado. Además, un fenómeno que no encuentra solución y se agrava con el paso de los años.
“Hay que visibilizar el problema. El día que explote nos van a querer echar la culpa a los jueces”, se excusa uno de los magistrados de la región preocupado por esta cuestión. Al igual que el jefe policial citado en el primer párrafo se considera una posible víctima de un sistema que explota a cuentagotas, cuando sucede una tragedia como el año pasado en la comisaría de Transradio, en Esteban Echeverría, o anteriormente en Pergamino.
SÓLO EN COMISARÍAS DE LOS DEPARTAMENTOS JUDICIALES DE JUNÍN, MAR DEL PLATA, TRENQUE LAUQUEN Y PERGAMINO LA CAPACIDAD NO SUPERA A LAS PERSONAS DETENIDAS
En concreto, el Departamento Judicial Morón (que nuclea a los Municipios de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo) cuenta con 158 lugares para personas detenidas, pero actualmente hay 400; es decir, casi el triple de lo permitido. En La Matanza los cupos son 146 en todas las dependencias habilitadas para alojar presos, pero hay actualmente 392, también poco menos del triple. En el departamento judicial Moreno-General Rodríguez el índice es peor: sobre 86 cupos autorizados, las personas privadas de su libertad son 270. Es decir, supera en tres veces lo permitido. Idéntico escenario se vive en San Martín, con espacio para 300 detenidos, pero en estos momentos hay 958.
Todo esto en un contexto de incremento del delito y de los permanentes reclamos vecinales sobre la respuesta estatal frente a la inseguridad, donde policías y delincuentes conviven en ámbitos insalubres, los jueces señalan la superpoblación y la política no posa su mirada en un verdadero problema social, que amerita una mirada integral para, por lo menos, intentar resolverlo.
