El gobierno de la provincia de Buenos Aires recibió en los últimos días un informe de siete carillas donde quedan expuestos los episodios calificados como de violencia institucional ejercida por efectivos de la Policía bonaerense. El texto corresponde al cuarto trimestre de 2020 e incluye hechos de corrupción, homicidios, abusos de fuerza, agresiones sexuales y otras “faltas graves o gravísimas”.
Según publicó Infobae, en esos 90 días de octubre, noviembre y diciembre de 2020 fueron abiertos 1.525 sumarios administrativos, es decir 17 por día. De ese total, 328 “se iniciaron por hechos de violencia Institucional, lo que equivale al 22%”, destaca el trabajo elevado por el Registro de Violencia Institucional Dirección de Prevención y Transparencia, organismo que depende del propio Ministerio de Seguridad provincial.
El dossier destaca en varios recuadros que se registraron, por parte de la policía, 228 hechos enmarcados en “abuso de la fuerza y exceso en los medios empleados”. De ese total, 47 casos corresponden a “apremios ilegales, vejaciones y torturas que no llevaron a la muerte del particular”, es decir de la víctima. Otros 39 casos corresponden a “exceso en los medios empleados en detenciones o procedimientos”, que tampoco derivaron en fallecimientos, y 73 casos por “uso abusivo de la fuerza”.
Se registraron también tres sumarios abiertos por “violencia psicológica”, esto es por “amenazas o intimidación”; cinco casos por “detenciones ilegales-privación ilegítima de la libertad”; otros ocho episodios de “hostigamiento y/o persecución policial”; y 30 investigaciones abiertas por “irregularidades en allanamientos y/o allanamientos ilegales”, es decir realizados sin autorización judicial con el fin de intimidar a las personas, robarles o pedir coimas.
Como contrapartida de esos casos, en esos 90 días se registraron 13 casos violentos que terminaron con la muerte de ciudadanos. Los sumarios están caratulados como “homicidios y exceso en la legítima defensa”. Según la descripción que allí se realiza, ocho de ellos fueron “homicidios en enfrentamientos en o fuera de servicio”; tres crímenes fueron cometidos por “cuestiones particulares”, por ejemplo, femicidios. En dos hechos aún se trata de esclarecer en qué circunstancias el policía mató a quien tenía enfrente.
También hay otros 77 sumarios internos abiertos en el último trimestre del año anterior por “riñas particulares en o fuera de servicio”. Casi la totalidad, 72 casos, fueron por “intimidación, agresiones y/o amenazas a particulares”; tres por la participación de los efectivos en “peleas o riñas” que nada tenían que ver con su actividad policial, y otros dos casos que aún no fueron determinados.
Los reportes revelan que en el territorio bonaerense hay un caso de gatillo fácil cada 40 horas, y en la mayoría de ellos están involucrados agentes de esa fuerza de seguridad y que las víctimas, en un 78%, son hombres jóvenes y pobres. El estudio destaca que el 46% de la violencia institucional ejercida por los efectivos de la bonaerense se realizó utilizando la fuerza física ejercida durante los procedimientos preventivos.
Le sigue la violencia “psicológica”, realizada, en un gran número sobre las personas que deben controlar; la violencia “económica” que se trasforma, por ejemplo, en solicitudes de coimas, sobornos y hasta dinero en negro para que un delincuente no sea detenido y violencia “sexual”, ejercida en el 3% de los hechos.
Por último, y no por eso menos grave, entre los sumarios abiertos contra los agentes, figuran casos de violaciones contra personas con distintos tipos de discapacidad. Eran pacientes internadas en instituciones especializados, como neuropsiquiátricos en las que prestaban servicios de vigilancia.
