La situación de las comisarías del Departamento Judicial Morón (que abarca a los distritos de Morón, Hurlingham, Ituzaingó y Merlo) es motivo de preocupación de las autoridades, sobre todo frente al avance del delito y los permanentes reclamos por mayor seguridad en los barrios.
En el informe presentado ayer por este medio (ver ) se daba cuenta de la superpoblación carcelaria, el hacinamiento y las pésimas condiciones tanto para alojar a las personas privadas de su libertad como para el propio personal policial. Encima, por situaciones que no son complejas de resolver y tampoco demandan inversiones millonarias.
A la voz del magistrado del Tribunal Oral Criminal Nº 4 de Morón Pedro Rodríguez, quien también es secretario de la Red de Jueces Penales bonaerense, ahora Primer Plano Online suma la opinión de dos de los intendentes de la región involucrados en la problemática. Se trata de Alberto Descalzo, jefe comunal de Ituzaingó, y de su par de Merlo, Gustavo Menéndez.
En una conferencia de prensa por video llamada organizada por la Asociación de Periodistas de la República Argentina (APeRA), este medio pudo consultar a ambas autoridades su opinión sobre un fenómeno que, si bien no es de su competencia directa, ciertamente los tiene como protagonistas. Es que las inquietudes vecinales en torno a la seguridad encuentran en los Municipios su primer eslabón de reclamos.
“Nosotros logramos la creación de una Alcaidía para 500 detenidos (la actual Unidad Penal 39 de Ituzaingó del Departamento Judicial Morón. Eso funcionó bien hasta que llegó el otro gobierno (el de Cambiemos) y metió delincuentes de otros distritos”, expresó Descalzo.
AUDIO: LO QUE DIJO ALBERTO DESCALZO
El histórico mandamás de Ituzaingó apuntó su queja a que resolver esa situación “depende de otra jurisdicción y de otro poder, como es el judicial”. “Los intendentes no podemos hacer nada en la medida en que no se organicen ellos”, acotó, al tiempo que reiteró un reclamo sobre el manejo de la seguridad en los Municipios, con los correspondientes recursos.
“Esto tiene que ver con el hecho de que no nos permiten organizarnos a los Municipios en lo que tiene que ver con la seguridad. Tiene que ver también con que la justicia decide largar delincuentes, como ya pasó, lo que hace que aumente el delito”, apuntó Descalzo.
Después del informe elaborado ayer, al menos seis titulares de distintas comisarías del Departamento Judicial Morón consultados por Primer Plano Online se mostraron “muy preocupados por la situación”, al tiempo que coincidieron con lo expresado en el artículo periodístico. Además, valoraron que semejante situación “trascienda y se haga pública”.
En Merlo, Menéndez reveló que tuvo una reunión con los jefes policiales y que el alojamiento de detenidos en comisarías “está absolutamente desbordado”. En concreto, hay capacidad para recibir en total a 67 personas privadas de su libertad, pero en la actualidad hay 180, es decir, casi el triple de lo permitido.
“La justicia está buscando alguien que pueda solucionar el problema. En comisarías deberían estar durante unas horas. Venimos trabajando bien con el Departamento Judicial Morón, mantuvimos reuniones que dieron sus frutos, y eso permitió que sea uno de los lugares con menos arrestos domiciliarios”, señaló el intendente.
AUDIO: LO QUE DIJO GUSTAVO MENÉNDEZ
“El déficit presupuestario de la provincia de Buenos Aires también tiene un déficit que está escondido en los presupuestos municipales, porque los Municipios estamos destinando recursos propios en actividades sobre las cuales no tenemos jurisdicción ni competencia, como salud, seguridad y educación”, agregó.
Menéndez aceptó que “el reclamo de los magistrados es atendible”. Sin embargo, reparó: “debemos ponernos de acuerdo: esto amerita un conjunto de voluntades, porque los intendentes somos los primeros que recibimos los cachetazos. ¿Hay alguna ley que diga que los Municipios tenemos que poner los botones antipánico, por ejemplo?”.
Por último, si bien aclaró que “la construcción de cárceles y la reparación de calabozos en comisarias no está a cargo de los intendentes”, reconoció que los gobiernos locales están “dispuestos a colaborar, porque los perjudicados son nuestros vecinos”. “Sin lo que aportan los Municipios no funcionarían la Policía, la Justicia y los Servicios Locales de Niñez, por caso. Pero la justicia, a la hora de pedir eso, debería contemplar de dónde sacar los fondos”, cerró.
