La batalla judicial entre la fábrica de gelatinas medicinales Rousselot y el Municipio de Hurlingham continúa en estrados que exceden la cuestión estrictamente local. La empresa decidió acudir a la justicia ordinaria para intentar levantar la clausura ordinaria dispuesta por la gestión del intendente Juan Zabaleta con argumentos que considera suficientes para dar por concluida la suspensión de actividades, pero se encontró con una respuesta que resulta lapidaria a sus intereses. En el medio, flotan en el aire las dudas sobre cómo pudo la empresa haber conseguido un permiso de vuelco por parte de la Autoridad del Agua sin haber hecho las obras que le exigía la comuna.
En rigor, la empresa Rousselot S.A presentó un papel que implica haber logrado el permiso de vuelco. Es un trámite que se realiza ante la Autoridad del Agua, y que el Municipio usó como sustento para dictaminar la clausura preventiva de la planta ubicada en Villa Tesei. Ese escrito los representantes legales de la firma lo entregaron el pasado 2 de mayo, en tiempo realmente récord: la clausura había sido el 9 de abril, o sea que lo consiguieron en menos de un mes luego de haber tenido vencido durante años.
Con ese permiso, Rousselot se presentó en la justicia ordinaria para pedir que se instrumente el levantamiento de la clausura, dado que el diálogo con el Municipio lo tienen cortado. Por eso, los magistrados Aldo Acosta Argañaraz, Rita Bustamante y María del Carmen Peña, de la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal de Morón, consultaron al juez de Faltas Rafael De Frasncesco cuál era el motivo para mantener cerrada la planta. La respuesta del magistrado de la justicia municipal fue lapidaria.
El 23 de mayo, De Francesco libró un oficio al presidente de la Autoridad del Agua, Pablo Rodrigué, para solicitar información en torno al otorgamiento de ese permiso a la empresa. Es que Rousselot debió cumplimentar una serie de trámites antes de obtener el permiso de vuelco, además de obras previas que nunca informó a la Justicia de Faltas.
Las exigencias son 11 ítems en total, todos técnicos y específicos, pero el último en especial tiene una valoración que va más allá de la letra fría de la norma vigente. El juez le pregunta a la Autoridad del Agua si está en condiciones de asegurar a la comunidad de Hurlingham que las aguas que vuelque la empresa, a partir del permiso otorgado “sin haber concluido las obras y planes presentados” no alteran ni contaminan el medio ambiente.
“Al día de la fecha, la Autoridad del Agua no ha respondido el oficio”, respondió el juez de Faltas a Cámara de Apelaciones, y concluyó: “me expediré al momento de tener ante mí la información requerida, que es de fundamental trascendencia”. Es decir, por el momento no hay indicadores que señalen que la empresa hizo lo que tenía que hacer para terminar con la clausura, más allá de que en el medio del camino consiguió un permiso de vuelco que no está claro por qué le fue otorgado.
