La justicia de Garantías de Morón rechazó el pedido de prisión domiciliaria realizado por la defensa de Santiago Martínez, el joven de 19 años que continuará detenido en una comisaría luego de haber agredido salvajemente a Nicolás García en el boliche Roca Bruja de Hurlingham.
Como se recordará, el 12 de noviembre del año pasado en el interior del mencionado local bailable ubicado en colectora Acceso Oeste, entre Charrúas y Franklin de Villa Tesei, el acusado le incrustó en el rostro una copa de vidrio a la víctima, ataque que le provocó heridas de tal magnitud y profundidad que comprometieron no solamente su cara sino también uno de sus ojos, del cual perdió la visión. Todo por haberlo visto conversando con su exnovia.
Si bien hace dos semanas la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantías de Morón, integrada por los jueces Diego Grau, Fernando Bellido y Fabián Cardoso, determinó darle otro encuadre jurídico al hecho y modificó la calificación legal de homicidio en grado de tentativa a lesiones graves, ahora el magistrado Ricardo Fraga, quien subroga interinamente el Juzgado de Garantías Nº 6, debió resolver sobre el pedido arresto domiciliario con tobillera electrónica o cualquier modo de monitoreo realizado por los abogados de Martínez.
Y la resolución fue por el rechazo. Es que para el juez Fraga la investigación está en curso y la expectativa de una condena de cumplimiento efectivo para el acusado “se encuentra vigente”, lo que eso podría derivar en algún intento de evadir el proceso. Además, otro riesgo para la investigación está en el hecho de que hay pericias que aún no se realizaron, como la apertura del teléfono de Martínez.
El fallo es un revés fuerte para la defensa del acusado, que luego del dictamen del tribunal de alzada con el cambio de calificación creía tener en sus manos la posibilidad de sacar a su cliente de la comisaría en la que se encuentra alojado. Incluso sus abogados presentaron el informe psicológico emitido por una profesional de parte, que señaló que “resulta conveniente que el acusado realice tratamiento psicológico extra muro”, es decir, que salga de un contexto de encierro.
Martínez solicitó a través de sus representantes legales irse con arresto domiciliario al country donde vive su familia, en General Rodríguez, cuyo padre se ofreció como garante de cumplimiento de las pautas que exija la ley. Las revisiones realizadas por especialistas del Servicio Penitenciario determinaron que la vivienda propuesta “se encuentra apta” para implementar el monitoreo electrónico de sus movimientos. Incluso en el escrito los letrados destacaron la voluntad de su defendido de someterse a proceso “desde un primer momento, a sabiendas de que podía quedar detenido”.
Sin embargo, la defensa de Nicolás García se opuso a que lo envíen preso a su casa y argumentó que existen riesgos de fuga por su “enorme facilidad para abandonar su lugar de residencia por su familia adinerada, con familiares en el exterior”, cosa que podría ocurrir a raíz de que la pena que le espera es “sumamente alta” en caso de ser condenado.
Asimismo, el abogado Gastón Marano sostuvo que el imputado “estuvo prófugo medio día” y pactó su entrega cuando se encontró cercado por el rápido trabajo de la fiscal actuante, Valeria Courtade, de la UFI Nº 3 de Morón. “De voluntaria su entrega tuvo muy poco”, refirió.
Además, que hay otra pesquisa en curso, como la que intenta dilucidar cómo el imputado estuvo alojado en una comisaría cuyas celdas estaban clausuradas por orden judicial. Para el abogado, la víctima “vio trastocada su vida”, debido a que es diabético desde los diez años y se encuentra ciego de un ojo. “Lleva consigo una mochila con remedios y una alarma que cada una hora le indica qué medicación debe suministrarse”, Marano.
En la audiencia previa al fallo de Fraga, Santiago Martínez reiteró su pedido de disculpas a la víctima y a la familia, expresó que no puede entender cómo hizo lo que hizo y que no hay día en que no se arrepienta. Por ahora, seguirá meditando en la cárcel.
